La Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra actualmente examinando desde distintos frentes la viabilidad legal, técnica y presupuestal del decreto presidencial que convoca a una consulta popular.
Tras su firma, la entidad ha iniciado un análisis que contempla escenarios jurídicos y logísticos, al tiempo que en el Congreso se intensifica la disputa por la presidencia de la Cámara de Representantes, a solo días de finalizar la legislatura.
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Entre los aspectos en evaluación, uno corresponde al cálculo de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la eventual consulta, un tema que requerirá respaldo del Consejo Nacional Electoral.
Además, el equipo jurídico de la Registraduría estudia tres posibles caminos frente al decreto emitido por el Gobierno.
El primero consiste en proceder con la elaboración de un calendario electoral, en caso de considerarse válido el decreto firmado por la Presidencia. El segundo contempla elevar una consulta al Consejo de Estado para obtener un concepto previo que oriente la aplicación de la norma.
El tercero, por su parte, se relaciona con la posible invocación de la figura de excepción de inconstitucionalidad, lo que implicaría abstenerse de ejecutar el contenido del decreto presidencial.
Este último escenario ha ganado relevancia en medio de los diversos pronunciamientos emitidos por actores institucionales, sectores académicos y representantes políticos. “De elegirse esta última opción, la Registraduría podría contar con más argumentos, teniendo en cuenta los múltiples pronunciamientos, denuncias y declaraciones que se han hecho desde sectores políticos y sociales que están en contra de convocar a dicha consulta”.
Entre las intervenciones públicas se destacan las expresadas por los presidentes de las altas cortes, el procurador general y varios académicos del derecho.
A ello se suman siete solicitudes formales que han sido radicadas ante diferentes instancias, en las que se afirma que el decreto de convocatoria a la consulta popular sería contrario a los principios constitucionales. Asimismo, se han presentado denuncias ciudadanas que cuestionan su legalidad.
Mientras la Registraduría avanza en su revisión interna, el ambiente político en la Cámara de Representantes se torna más tenso.
A pocos días de cerrar el actual periodo legislativo, aún no se define quién ocupará la presidencia de esa corporación. Este debate se da en un contexto marcado por las discusiones sobre la reforma laboral, el decreto de la consulta y otros temas que han polarizado el escenario político nacional.
De acuerdo con los pactos vigentes entre las bancadas, el turno para dirigir la Cámara le correspondería al partido Cambio Radical, el cual presentó como candidato al representante Leonardo Rico. Esta postulación ha recibido respaldo por parte del Centro Democrático, así como de algunos sectores de los partidos Conservador, La U e independientes.
No obstante, la posibilidad de alcanzar un consenso se ha visto afectada por la aparición de nuevos aspirantes dentro de las mismas colectividades. En el caso del Partido de la U, también se han postulado los congresistas Jorge Eliécer Tamayo y Julián López. Por su parte, dentro del Partido Conservador surgieron las candidaturas de Juan Carlos Wills y Jorge Quevedo. En el Pacto Histórico, se presentó como aspirante el representante vallecaucano Alejandro Campo.
El panorama se torna incierto frente a la falta de una mayoría clara que permita tomar una decisión definitiva. La elección de la presidencia de la Cámara debe realizarse antes del cierre de la legislatura, lo que añade presión a los distintos bloques en busca de acuerdos que les permitan consolidar una candidatura.
Mientras tanto, desde sectores del oficialismo se mantiene abierta la posibilidad de avanzar en una Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que la consulta popular no prospere.
Esta alternativa ha sido mencionada por el presidente Gustavo Petro como una vía ante un eventual fracaso en el intento de consultar directamente al pueblo colombiano sobre las reformas estructurales que impulsa su gobierno.
La Registraduría no ha emitido aún una posición oficial respecto al camino que adoptará frente al decreto. El proceso de evaluación jurídica y presupuestal continúa en curso y su desenlace será determinante tanto para la convocatoria como para el calendario electoral en caso de que se decida implementar la consulta.
En medio de este ambiente, la atención se concentra en la definición que adoptará la Registraduría y en la resolución de la disputa interna por la presidencia de la Cámara. Ambos temas se han cruzado en una coyuntura que definirá parte de la dinámica legislativa y política en lo que resta del año.
