Reino Unido y la República de Irlanda anunciaron un acuerdo conjunto para afrontar el legado de los crímenes y asuntos pendientes vinculados al conflicto en Irlanda del Norte, conocido como “The Troubles”, en sustitución de la polémica Ley de Legado aprobada por el anterior gobierno conservador británico.
Hilary Benn, secretario británico para Irlanda del Norte, y Simon Harris, ministro de Exteriores de Irlanda, dieron a conocer el entendimiento durante un acto celebrado en el castillo de Hillsborough, residencia oficial en las afueras de Belfast, según informó la agencia EFE.
Ambos gobiernos, en calidad de custodios del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, reiteraron su compromiso con el fin del conflicto y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación bilateral entre Londres y Dublín.
El nuevo plan, que será plasmado en legislación específica, prevé la creación de una Comisión del Legado con atribuciones ampliadas en materia de investigación, reemplazando así a la anterior Comisión Independiente para la Reconciliación y Recuperación de la Información (ICRIR), instaurada en 2023 por la ley ahora derogada.
El acuerdo contempla la reanudación de todas las investigaciones detenidas y elimina el mecanismo de inmunidad condicional, que permitía a sospechosos de crímenes relacionados con el conflicto evitar procesos judiciales si aportaban información relevante.
En enero de 2024, Irlanda presentó una demanda interestatal contra el Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en febrero de ese mismo año, la justicia de Belfast resolvió que la inmunidad violaba la Convención Europea de Derechos Humanos. Simon Harris adelantó que el gobierno irlandés retirará esa denuncia cuando el nuevo marco legislativo sea aprobado por el Parlamento británico.
Hilary Benn reconoció que la Ley de Legado de 2023 “fue un error que causó dolor a muchas familias” y afirmó que el reciente acuerdo ofrece la posibilidad de cumplir el espíritu de reconciliación y justicia del Acuerdo de Viernes Santo.
El acuerdo garantiza la reactivación inmediata de investigaciones y procesos judiciales interrumpidos, entre ellos inquests y causas civiles relativas a asesinatos y demás crímenes cometidos durante los treinta años que duró el conflicto.
Según Reuters, también se levantará el impedimento para la presentación de demandas civiles y se establecerá un organismo separado para la recuperación de información, dotando a los órganos de investigación de mayor independencia y de capacidad real para llevar los casos a juicio.
El gobierno británico precisó que el texto incluirá salvaguardas para veteranos británicos, como la declaración remota y el anonimato al aportar información. Sin embargo, la supresión del sistema de inmunidad implicará que algunos exmilitares puedan verse investigados penalmente por hechos ocurridos hasta 57 años atrás en el marco de “The Troubles”.
Richard Dannatt, ex jefe del Estado Mayor del ejército británico, criticó la reapertura de investigaciones por asesinatos de los años setenta, considerando inadmisible desenterrar causas después de tanto tiempo.
Las reacciones de organizaciones y partidos involucrados resultaron diversas. El principal grupo de víctimas, WAVE Trauma Centre, advirtió que estudiará la próxima legislación y la estructura del nuevo modelo antes de emitir opinión, remarcando la necesidad de priorizar la voz de víctimas y sobrevivientes.
Mary Lou McDonald, líder del Sinn Féin, subrayó la importancia del apoyo de las víctimas para validar la nueva legislación, y rechazó la posibilidad de tratos especiales para los veteranos británicos. El DUP, principal partido unionista, expresó reservas sobre la cesión a Dublín de elementos clave de la legislación y exigió un examen exhaustivo del acuerdo.
La nueva normativa reflejará la intención de ambos gobiernos de alinearse con la Convención Europea de Derechos Humanos y, según The Guardian, pasará por la aprobación de los parlamentos británico e irlandés. Ambos ejecutivos coinciden en que solo estructuras creíbles, imparciales y verdaderamente independientes permitirán avanzar hacia la verdad y la justicia reclamadas por las personas afectadas.
Este pacto surge tras un año de intensas negociaciones para reparar años de relaciones bilaterales debilitadas por el Brexit y la anterior política conservadora. La reunión reciente entre Keir Starmer, primer ministro británico, y Micheál Martin, su homólogo irlandés, facilitó la presentación formal del acuerdo.
