El Gobierno británico sancionará este viernes a una flota de aproximadamente 100 petroleros relacionados con el presidente ruso, Vladimir Putin, responsables de transportar carga por valor de más de 24.000 millones de dólares desde principios de 2024.
La medida tiene como objetivo incrementar la presión sobre la economía rusa, que enfrenta dificultades debido a la caída de los precios del petróleo y los altos costos asociados a su invasión a Ucrania.
El anuncio de las sanciones se hará por parte del primer ministro británico, Keir Starmer, en el marco de una reunión de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF) que se celebrará este viernes en Oslo.
Este grupo, liderado por el Reino Unido, incluye a otros países del norte de Europa como Estonia, Países Bajos, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia. Las sanciones forman parte de los esfuerzos occidentales por aislar a Rusia y limitar sus ingresos provenientes del sector petrolero.
Según el Gobierno británico, la flota encubierta no solo financia la guerra del Kremlin, sino que también representa una amenaza considerable para la infraestructura crítica del Reino Unido y de la región euroatlántica.
Estos buques, que operan en malas condiciones, dañan infraestructuras clave, ya que navegan por aguas europeas sin las certificaciones necesarias para garantizar su seguridad. Además, los barcos desactivan intencionadamente sus tecnologías de localización, lo que dificulta su rastreo y aumenta el riesgo de incidentes.
“Cada paso que damos para aumentar la presión sobre Rusia y lograr una paz justa y sostenible en Ucrania es un paso más hacia la seguridad y la prosperidad del Reino Unido”, señaló Starmer en el comunicado.
“La amenaza que Rusia representa para nuestra seguridad nacional no puede subestimarse, por eso haremos todo lo posible para destruir su flota fantasma, privar a su maquinaria bélica de los ingresos petroleros y proteger la infraestructura submarina de la que dependemos para nuestra vida diaria”, agregó el primer ministro británico.
Uno de los temas clave que se tratarán en la cumbre de Oslo será la protección de la infraestructura submarina. Los riesgos para los elementos críticos, como cables submarinos y otras instalaciones energéticas, han aumentado debido a la presencia de estos buques, que operan sin la tecnología necesaria para evitar accidentes y sin los protocolos de seguridad apropiados para prevenir daños medioambientales.
Desde 2022, los ingresos de Rusia por petróleo y gas han disminuido cada año, perdiendo más de un tercio de su valor en tres años, como consecuencia de las sanciones occidentales. Este descenso ha tenido un impacto negativo en la economía rusa, que enfrenta una inflación creciente y un aumento en el gasto público destinado a la defensa y seguridad nacional.
Las sanciones a los petroleros vinculados al Kremlin forman parte de una estrategia más amplia de presión económica, que busca aislar aún más a Rusia a nivel global.
A través de esta acción, se pretende debilitar los recursos financieros de Rusia destinados a la guerra, además de frenar las actividades ilícitas de la flota encubierta, que ha operado en aguas internacionales para eludir las restricciones impuestas por Occidente.
La cooperación entre los países de la JEF busca la estabilidad en el norte de Europa frente a las amenazas derivadas de las políticas del Kremlin.
La protección de las infraestructuras clave de estas naciones, que permiten el funcionamiento de sus economías, se ha convertido en una prioridad para los aliados internacionales que buscan contrarrestar la influencia de Rusia en la región.
(Con información de EFE)
