Guzmán Robador
Alicante, 27 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) y los Estados miembros «deberían integrar el principio de no regresión en las leyes de conservación de la biodiversidad» para seguir siendo una referencia internacional en ese campo, según un trabajo realizado por tres instituciones científicas españolas y publicado en la revista Science.
Los autores, Carlos Javier Durá y José Vicente López Bao, vinculados al Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Oviedo, el Instituto de Estudios Avanzados (IESA-CSIC) de Córdoba y el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) ubicado en Soria, han «constatado un retroceso en el derecho ambiental de la UE», según ha afirmado el primero de ellos en una entrevista con EFE.
A juicio de ambos expertos, «las recientes decisiones políticas han creado incertidumbre y conflictos internos entre las normativas de la UE, con efectos negativos para la conservación de la naturaleza».
Según ha indicado Durá, «la UE siempre ha hecho gala a nivel internacional durante los últimos 30 ó 40 años de hacer una política con una base jurídica que ha permitido compatibilizar las actividades socio-económicas con la conservación del medio ambiente, todo ello fundamentado en principios, como el de precaución y el de legalidad».
«Dentro de esos principios está el de no regresión, aprobado por la Cumbre de Río+20 de 2012, que prohíbe a los países rebajar su protección ambiental nacional», ha recordado.
Durá ha resaltado que, «para Europa, el medio ambiente es fundamental, viene en el propio Tratado de Funcionamiento de la UE», algunos de cuyos artículos establecen que «las políticas sectoriales (energía, agricultura, transporte, etcétera) tienen que tener la variable ambiental como algo intrínseco».
«Sin embargo, con los últimos cambios normativos, cambios políticos, detectamos una regresión de la normativa» de conservación de la biodiversidad en la UE, ha advertido este investigador en derecho ambiental.
El trabajo de ambos expertos alude a que «las políticas climáticas y energéticas de la UE (reglamentos 2022/0160 y 2022/2577) han agilizado el desarrollo de proyectos de infraestructura con fuertes impactos en aquellos lugares donde la biodiversidad ha sido recluida».
«Por otro lado, las políticas agrícolas de la UE también han eliminado algunas garantías de protección del medio ambiente», según sus autores.
En este sentido, citan «el Reglamento 2024/1468 de la Política Agrícola Común de la UE» que, afirman, «redujo algunos del los requisitos de condicionalidad para los agricultores en relación con el bienestar animal y el medio ambiente».
Igualmente, algunas propuestas planteadas para proteger la biodiversidad, como el uso sostenible de determinados pesticidas, se retiraron en 2024 y la Comisión Europea también redujo el presupuesto para promover la agricultura sostenible y el bienestar animal en 2025″, sostienen.
Ambos investigadores opinan que «estas modificaciones reflejan cambios de paradigma en las prioridades políticas y económicas de la UE y chocan con uno de los documentos llamados a ser guía para proteger la biodiversidad en la Unión Europea como es la Estrategia Europea para la Conservación de la Biodiversidad 2030».
«También socavan -advierten- el marco de convivencia de la UE expresado en su documento más trascendental como es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 191), con el compromiso de proteger y mejorar el medio ambiente», y suponen, ha añadido Durá, «una contradicción con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza».
Los autores del trabajo reiteran que «la UE y los Estados miembros debería integrar el principio de no regresión en las leyes de conservación y adherirse al artículo 11 del Tratado de la Unión Europea, que establece que todas las políticas deben incluir requisitos de protección ambiental». EFE
