El juez federal de Rosario Marcelo Bailque presentó su renuncia que de ser aceptaba implicaría la perdida de los fueros y que se concrete la detención domiciliaria que fue ordenada en tres causas penales en las que está acusado por extorsión y vínculos con el narcotráfico.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Bailaque presentó ayer su renuncia en el Ministerio de Justicia de la Nación sin dar explicaciones y para que se haga efectiva a partir del 1 de julio próximo. El Poder Ejecutivo no está obligado a aceptar la renuncia. En caso que lo haga, Bailaque podría ser detenido pero también se caería la causa por mal desempeño de sus funciones que tiene en el Consejo de la Magistratura de la Nación y en la que está citado para el próximo martes.
Bailaque es el titular del juzgado federal 4 de Rosario, uno de los encargados de investigar el crimen organizado en una de las ciudades que supo tener los mayores índices de violencia del país por la lucha por la venta de drogas. El magistrado tiene tres causas penales en su contra: por armar un expediente falso a empresarios y extorsionarlos para que le paguen 200 mil dólares y por tener vínculos con Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más importantes de Rosario, para quien demoraba investigaciones en su contra.
Por esos hechos, los fiscales federales de Rosario Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de Diego Iglesias, investigaron a Bailaque y lo acusaron formalmente. El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso a fines de abril la prisión preventiva de Bailaque y luego la Cámara Federal de Rosario la mantuvo, pero en la modalidad de arresto domiciliario por 90 días que se pueden prorrogar según avance la causa. Además, el tribunal redujo el embargo sobre los bienes del juez y mantuvo la prohibición de salida del país. Todo eso fue ratificado la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Con esa decisión, Bilaque debería estar preso pero los fueros como juez lo impiden y la expectativa es que antes de fin de año comience el juicio oral en su contra.
En paralelo a la causa penal, se tramita una acusación por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Comisión de Acusación del Consejo lo citó a que haga un descargo el martes de la semana que viene . El juez ya informó que lo hará por escrito. Después de esa audiencia, el Consejo quedará en condiciones de resolver si avanza con la acusación y suspende a Bailaque en el cargo y lo envía a juicio político. Recién en la etapa de juicio político es cuando Bailaque puede ser destituido y así perder los fueros que le impiden la detención para que comience a cumplir la prisión preventiva.
Con la presentación de la renuncia cambia el escenario. Primero debe ser aceptada por el gobierno nacional que tienen la posibilidad también de no hacerlo. Si la acepta, Bailaque deja de ser juez, pierde los fueros y es detenido. También se cierra la denuncia en el Consejo porque allí se tramita la causa en condición de juez. Además, puede acceder a la jubilación.
Pero si el gobierno no lo acepta continúa el trámite del expediente en el Consejo y Bailaque podría ser enviado a juicio político y ser destituido -en ese escenario perdería la jubilación- pero hasta que eso ocurra seguiría siendo juez.
Como paso previo a la decisión, el Ministerio de Justicia de la Nación le pedirá al Consejo un informe sobre la situación de Bailaque.
Las tres causas contra Bailaque
Una es por una denuncia falsa que se presentó en la AFIP de Rosario y que luego se remitió al juzgado de Bailaque contra los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Un anónimo decía que lavaban plata para el grupo narco “Los Monos”.
El ex titular de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido y contó que la maniobra fue armada en el quincho del edificio donde vive Bailaque entre él, el juez y el amigo del magistrado y empresario Fernando Whpei, -ahora preso en detención domiciliaria-, que fue quien se reunió con los denunciados para decirles que él conocía al magistrado y que podía arreglar la causa si pagaban 200 mil dólares. Los empresarios pagaron 160 mil dólares.
La segunda es por maniobras dilatorias para favorecer al capo narco Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano. Concretamente, Bailaque fue acusado de demorar una orden para intervenir el teléfono de la mujer. Además, Alvarado y Bailaque compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau. Y el hijo de Mizzau trabajó en el juzgado de Bailaque.
La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es Whpei, quien le pidió el dinero a los empresarios para cerrarles la causa que falsamente había armado Bailaque.
