Reportan presuntas solicitudes de EEUU para extraditar a políticos con probables nexos criminales: Reuters

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Según Reuters, el equipo y el propio secretario Marco Rubio estaría presionando al gobierno de México para conseguir la extradición de políticos con aparentes vínculos con el crimen organizado en México | Cuartoscuro / United States Senate

El gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario Marco Rubio y su equipo en el Departamento de Estado, estarían “presionando” al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que, según fuentes consultadas por la agencia Reuters, se lograra el procesamiento legal y, posteriormente, la extradición de políticos y funcionarios que tienen presuntos vínculos con el narcotráfico en México.

De acuerdo con la propia casa de noticias, el secretario Rubio ha propuesto esta nueva decisión al menos tres veces durante encuentros binacionales y en reuniones con funcionarios mexicanos durante los primeros meses de este 2025.

Políticos de Morena, en la mira de la administración de la Casa Blanca

La presión se enfoca en funcionarios del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al que pertenece la propia presidenta Sheinbaum. Cuatro fuentes con conocimiento directo confirmaron a Reuters que cinco funcionarios en funciones y un exsenador fueron señalados en las conversaciones.

Entre ellos, se menciona aparentemente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien informó el 11 de mayo pasado que su Visa de turista fue cancelada por el gobierno estadounidense y calificó dicha decisión como “una injusticia”.

Este giro representa un cambio radical. Así pues, y según ha sentenciado la propia agencia, la exigencia de Washington D.C. rompería con esa línea roja y pone a prueba la voluntad del nuevo gobierno mexicano.

Reunión clave en Washington: 27 de febrero de 2025

De acuerdo con lo revelado, la primera reunión formal donde se abordó este tema ocurrió el 27 de febrero de 2025. Ahí participaron, entre otros, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Del lado estadounidense estuvieron presentes la fiscal general Pamela Bondi, así como altos funcionarios de los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y del Tesoro de la administración del mandatario republicano.

La primera reunión binacional donde se planteó el procesamiento y traslado de políticos mexicanos, según Reuters, ocurrió el 27 de febrero de 2025 en la Casa Blanca | Reuters / Annabelle Gordon

Los otros puntos para “presionar”: visas, fentanilo y frontera

Además de la exigencia de extradiciones, según se conoce, el gobierno del presidente Donald Trump propuso crear un “zar del fentanilo” que se comunique directamente con Sheinbaum para coordinar esfuerzos contra el tráfico de esta droga sintética, la cual ha causado una permanente crisis de salud pública en los territorios estadounidenses.

Otra exigencia fue intensificar las inspecciones fronterizas a cargamentos y viajeros con destino a Estados Unidos. Esto último como medida para frenar el flujo de estupefacientes y armas.

Precedentes incómodos: el caso Salvador Cienfuegos en 2020 y el traslado de 29 grandes capos

El caso más recordado sigue siendo el del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, detenido en 2020 por la DEA en Los Ángeles, California. La captura desató una crisis diplomática en EEUU retiró los cargos y lo devolvió a México, donde, hasta hoy, no ha enfrentado juicio.

El exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ocasionó una crisis diplomática entre la primera administración del presidente Trump y el gobierno de AMLO tras su detención en 2020 | Henry Romero / Reuters / Archivo

Aunado a ello, en febrero pasado, México extraditó a 29 integrantes de cárteles, el mayor número en años. Aun así, perseguir a políticos activos representaría una jugada riesgosa que podría fracturar las relaciones diplomáticas, dividir al partido gobernante y poner a prueba la independencia de las instituciones judiciales mexicanas.

Esto según el balance que hace la propia casa de noticias tras la publicación de esta información de manera extraoficial.

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