El grupo de legisladores republicanos en Estados Unidos llamó la atención sobre los cambios normativos impulsados recientemente por el gobierno español, los cuales, según manifestaron, podrían acarrear implicaciones significativas para las empresas estadounidenses que desarrollan operaciones comerciales internacionales, específicamente aquellas que tienen intereses en España e Israel. Según publicó el medio, estos parlamentarios dirigieron una carta formal al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la que solicitaron una evaluación oficial respecto a si las acciones adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de relaciones con Israel contravienen acuerdos vigentes e incurren en prácticas que puedan calificarse como discriminación económica contra uno de los principales aliados de Washington.
En su comunicación, los legisladores expresaron preocupaciones vinculadas al impacto potencial de estas medidas sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y España y sobre la capacidad operativa de empresas estadounidenses sujetas tanto a la jurisdicción norteamericana como europea. De acuerdo con la información difundida por el medio, los representantes republicanos, encabezados por la congresista Claudia Tenney, argumentaron que las restricciones introducidas por el gobierno español en octubre —prohibiendo el comercio de armas con Israel y vetando la promoción de productos originados en asentamientos israelíes considerados ilegales en los territorios palestinos— podrían alinearse con las directrices y objetivos del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
La petición de estos legisladores al Departamento del Tesoro hace referencia expresa a la Sección 999, un instrumento jurídico estadounidense que exige la vigilancia y elaboración de un listado de países que promuevan o exijan la adhesión a boicots internacionales no autorizados por el gobierno de Washington. Según consignó el medio, la eventual inclusión de España en este registro implicaría para las compañías estadounidenses la adopción de obligaciones adicionales de información y el acceso a mecanismos de protección frente a normativas extranjeras cuya aplicación pudiera considerarse discriminatoria conforme a la legislación nacional de Estados Unidos.
Durante la presentación de la iniciativa, la congresista Tenney afirmó que “las acciones de España van más allá de la retórica y constituyen una discriminación económica formal contra uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos”. Esta declaración fue recogida y reportada por el medio, junto con su acento en que los marcos legales estadounidenses requieren investigar y exigir responsabilidades a cualquier administración extranjera que impulse boicots no autorizados contra Israel. Además, la carta subrayó que la misión de la Sección 999 consiste en defender a las empresas estadounidenses para que no se vean compelidas a adoptar las políticas de otros países si estas entran en conflicto con las disposiciones de Washington, al tiempo que garantiza transparencia en las relaciones comerciales cuando un socio estratégico es objeto de medidas restrictivas.
Los firmantes del documento instaron a que “el Tesoro realice una revisión exhaustiva y aplique la ley tal como está escrita”, alertando sobre los posibles riesgos si las autoridades estadounidenses no responden con firmeza cuando otros gobiernos intentan marginar económicamente a Israel o debilitar la posición internacional de empresas estadounidenses. De acuerdo con la información recogida por el medio, los congresistas enfatizaron que admitir tales prácticas podría sentar precedentes que afecten futuros escenarios comerciales para el empresariado bajo jurisdicción estadounidense.
El movimiento BDS, señalado en la comunicación, impulsa acciones económicas, comerciales y culturales de alcance internacional como respuesta a la política desarrollada por Israel en los territorios palestinos. Estas campañas han generado tensiones entre gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas y comerciales con ambas partes, al ubicarse en el centro de controversias sobre la compatibilidad de tales medidas con los marcos normativos internacionales en materia de comercio y derechos humanos.
En su documento, los legisladores solicitantes propusieron al Departamento del Tesoro que examine “si las acciones de España cumplen los criterios legales para su inclusión” en la lista prevista por la Sección 999 y que garantice la estricta aplicación de la legislación estadounidense en caso de que la situación lo requiera, según reprodujo el medio. También destacaron la relevancia de que la actualización de dicho listado actúe como un mecanismo de protección económica, pero también como un refuerzo a la posición global de Estados Unidos en la defensa de sus aliados y del cumplimiento de normas internacionales en el comercio.
El medio subrayó que, hasta el momento, no existe una respuesta oficial publicada por parte de las autoridades españolas ante la solicitud republicana. Analistas apuntan que este tipo de iniciativas pueden generar repercusiones diplomáticas y comerciales entre ambos gobiernos, afectando el clima para las empresas multinacionales con intereses compartidos en los dos países. Por último, la publicación destacó que este episodio abre una etapa de incertidumbre respecto a las implicaciones legales y políticas derivadas de la interacción entre normativas nacionales y compromisos internacionales en el ámbito del comercio y la diplomacia.
