En las democracias constitucionales, la independencia judicial no es una concesión del poder político ni un favor a los jueces. Es una obligación del Estado frente a todas las personas (ciudadanos y habitantes de su territorio). Su garantía está reconocida no solo en las constituciones nacionales, sino en compromisos internacionales que vinculan jurídicamente a los Estados y a sus operadores institucionales.
En México, la reforma al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo y respaldada por una mayoría parlamentaria muy cuestionable, tiene el potencial de desmantelar el andamiaje construido durante décadas para profesionalizar, estabilizar y hacer paritaria la carrera judicial. Pero no estamos frente a un caso aislado. Lo que hoy ocurre en nuestro país forma parte de una ola regresiva en todo el mundo, en la que regímenes autoritarios disfrazan su avance sobre la justicia con ropajes de democracia participativa o supuesta austeridad popular.
Compromisos internacionales ignorados
México ha suscrito tratados y principios que no solo reconocen la independencia judicial, sino que imponen deberes positivos de protección, incluso frente a reformas constitucionales. Entre ellos:
Los Principios Básicos sobre la Independencia de la Judicatura (ONU, 1985), que exigen que los jueces estén protegidos contra toda forma de presión externa y mantengan su cargo con garantía de inamovilidad.
Los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial (ONU 2006), que reconocen que el juez debe defender y ejemplificar la independencia judicial, tanto individual como institucionalmente.
Las Observaciones de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, que advierten que incluso los poderes constituyentes están sujetos al control de convencionalidad cuando se trata de proteger garantías judiciales mínimas.
Diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y comunicados oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estos estándares son vinculantes. No se trata de recomendaciones políticas ni aspiraciones morales. Son normas jurídicas que forman parte del bloque de constitucionalidad mexicano conforme al artículo 1° de la Constitución Federal mexicana. Los jueces que las ignoran o que callan frente a su violación, incurren en una omisión grave de sus deberes profesionales y éticos.
Resistir es una obligación jurídica y moral
El juez imparcial no es solo aquella persona juzgadora que dicta sentencias con apego a la ley, sino también aquella que defiende las condiciones para poder seguir haciéndolo. Cuando esas condiciones son amenazadas desde el poder mismo —por reformas que eliminan la carrera judicial, ignoran la paridad, vulneran la inamovilidad y suprimen los concursos de mérito— la resistencia no es opcional. Es obligatoria.
Resistir institucionalmente. Resistir en la palabra. Resistir en la calle. Aun cuando eso suponga amenazas, represalias o campañas de desprestigio. La judicatura no puede permanecer confinada al expediente cuando lo que está en juego es el marco que permite juzgar con libertad.
Es por eso que hoy, en diversas latitudes, vemos a juezas, jueces y magistradas y magistrados jubilados, en activo o desplazadas, marchar con togas o sin ellas, con pancartas o con libros, con la voz entrecortada pero firme. No se trata de defender un empleo, sino de sostener una función pública esencial para la democracia.
El precedente que estamos dejando
Lo que ocurra en México marcará precedente para la región. En España comienza a ocurrir algo similar. Si se permite la eliminación de la carrera judicial con fines populistas, si se normaliza que los jueces sean elegidos por tómbola y suprimidos por decreto, si se tolera la persecución velada —o abierta— contra quienes se pronuncian en defensa del Estado de derecho, otros países seguirán el mismo camino.
Por eso, resistir desde el Poder Judicial no es solo un derecho, es un servicio a la comunidad internacional. Es una advertencia. Es un acto de integridad frente a quienes creen que la justicia es un obstáculo y no un principio.
La historia nos está observando
En momentos críticos, las personas juzgadoras han sido faros o cómplices. En regímenes autoritarios, los tribunales que se sometieron al poder fueron instrumentos de represión, validadores de violaciones de derechos humanos. Pero también han existido juezas y jueces que, incluso cuando fueron cesados, exiliados o silenciados, han mantenido el honor de la función judicial en alto.
México –al igual que otros países en el mundo- está en un momento de definición. El deber judicial no se agota en el expediente. La toga también se levanta fuera del estrado, cuando el derecho exige presencia en el espacio público. Hoy más que nunca, los jueces y juezas están llamados a defender lo que el sistema político quiere desmantelar: la garantía de que los derechos no dependerán nunca de una elección, una consigna o un favor.
Porque no hay justicia sin juzgadoras y juzgadores independientes. Y no hay democracia sin justicia.