Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, habló luego de la reunión de la Mesa de Enlace del campo con el Gobierno y destacó la decisión de bajar a cero las retenciones al sector por un mes y dijo que representa un giro en la política fiscal del país en medio de una aguda tensión cambiaria.
“Es la primera vez que un Gobierno que está pasando un momento difícil, puntualmente con el tema de divisas, en vez de hacer lo que habitualmente se hace, que es subir impuestos o inventar uno provisorio, como fue el impuesto al cheque, que tenemos hace veintipico de años, decida bajar totalmente las retenciones”, resumió.
Del encuentro también participaron los otros presidentes de los integrantes de la entidades que integran la Mesa de Enlace, Coninagro, Federación Agraria y CRA, aunque de manera virtual. Por el Gobierno estuvieron el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y otros funcionarios de Economía, como Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, y Juan Pazo, titular del ARCA.
La medida se comunicó en dos partes: primero se anunció la baja para los granos, incluida la soja, principal producto exportado del país, y luego se sumó la carne bovina y de pollo.
El anuncio que hizo esta mañana le portavoz Manuel Adorni y fue oficializado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, busca incentivar la liquidación de divisas y dinamizar el sector agropecuario, en un contexto donde la escasez de reservas y la volatilidad del mercado cambiario han puesto en jaque a la economía nacional.
Pino, en entrevista con TN, destacó que “es la primera vez que un gobierno, en vez de subir impuestos, decide bajar totalmente retenciones”, afirmó, subrayando el carácter inédito de la medida en un contexto de dificultades económicas. Se trata de un dirigente muy cercano al presidente Javier Milei, con quien aseguró haber hablado en las últimas horas.
Pino relató que la inclusión de la carne bovina y el pollo en el beneficio fue resultado de gestiones directas con funcionarios y el propio Presidente, quienes respondieron a su pedido de ampliar el alcance de la norma. Según el dirigente, la medida representa un reconocimiento a años de reclamos del sector y abre una oportunidad para reactivar la economía en las regiones donde el campo tiene un peso determinante. “Este es el camino seguro. Tenemos que tratar de, habiendo el Gobierno tomado esta decisión, ver cómo se reacciona y lo virtuoso que va a ser para el sector más competitivo y productivo de la Argentina poder estar trabajando con algo que no lo teníamos”, expresó.
Pino estimó que el impacto económico de la eliminación temporal de retenciones podría situarse entre USD 800 millones y USD 1.200 millones “que volverá a los productores”, aunque aclaró que la cifra depende de múltiples variables y de la reacción de los mercados. El dirigente señaló que, tras el anuncio, las pizarras de la soja reflejaron subas significativas, lo que podría traducirse en una mayor actividad y derrame económico en distintas cadenas productivas. No obstante, advirtió que el beneficio es transitorio y que el sector aspira a que la eliminación de retenciones se convierta en una política permanente. “Ojalá esto que hoy es temporal, más rápido lo que se pueda, pueda llegar a ser permanente para que el sector nuestro realmente esté en igualdad de condiciones con los países que generan lo mismo que nosotros”, manifestó.
La medida
El decreto establece una alícuota del 0% para los derechos de exportación de granos, subproductos, carne bovina y pollo, abarcando los productos detallados en el anexo de la norma. Esta medida tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se registren Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un total de USD 7.000 millones, lo que ocurra primero, de acuerdo con el decreto oficial. Luego se sumó la carne.
Para acceder al beneficio, los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas generadas por sus operaciones en un plazo máximo de tres días hábiles tras la presentación de la DJVE, incluyendo operaciones tradicionales, anticipos y prefinanciaciones o posfinanciaciones externas. El tratamiento arancelario solo se aplicará a quienes realicen las declaraciones o permisos de embarque desde la entrada en vigencia del decreto y hasta el cierre del periodo contemplado. En caso de incumplimiento, los exportadores deberán abonar la alícuota anterior y quedarán excluidos temporalmente del régimen especial. La regulación y control de la medida recaerán en el Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que podrán dictar disposiciones complementarias para su implementación.
El monto que dejará de percibir el fisco en términos de recaudación dependerá de dos factores clave: el tipo de granos exportados y el volumen de toneladas despachadas.
El campo tiene disponible para liquidar USD 8.300 millones, según el especialista en el sector Pablo Andreani. Aunque proyecta que el costo fiscal se ubique entre 1.500 y 1.800 millones de dólares, podría ser menor ya que duda que el productor venda toda la soja que tiene. “La mejora del precio debería ser muy importante para que se vea tentado”, explicó, considerando que quedan seis meses hasta que ingrese la cosecha nueva y la incertidumbre económica por lo que suceda luego de las elecciones de octubre.
