Correos internos del Banco Agrario, obtenidos por Mañanas Blu 10:30, exponen créditos y contratos millonarios vinculados a la familia Alcocer, estrechamente relacionada con la primera dama, Verónica Alcocer. La documentación revela cómo empresas de sus hermanos, María Teresa y Juan Carlos Alcocer, solicitaron y gestionaron operaciones financieras de alto valor, algunas aprobadas y otras bloqueadas por riesgo reputacional.
El Banco Agrario, sexto con más utilidades del país y con la mayor cartera de activos, ha estado presidido desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro por Hernando Chica Zuccardi, quien previamente se desempeñó como vicepresidente de ETB durante la Alcaldía de Bogotá.
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Según la investigación de Blu, el vínculo más estrecho de Chica con el círculo presidencial es por el lado Alcocer. Su amistad de larga data con Verónica Alcocer, ambos originarios de Sincelejo, está reforzada por puentes familiares con historial político en Sucre, lo que presuntamente habría facilitado su llegada al Banco Agrario en 2022, promovida por la primera dama.
Créditos de 8.000 millones estructurados para empresas de los Alcocer
Entre los correos internos revisados, uno del 23 de noviembre de 2022, enviado por Andrés Niño Castrillón, jefe de alianzas estratégicas de la vicepresidencia de banca agropecuaria, detalla un negocio inmobiliario que involucraría dos créditos, el primero de 4.236 millones de pesos para Praga Servicios Inmobiliarios S.A. y el segundo de 3.767 millones de pesos para Fema Reforestaciones S.A.S.
En ese momento, los hermanos Alcocer poseían el 89,8% de las acciones de Praga y María Teresa Alcocer tenía el 25% de Fema, con otro 25% de su esposo, Carlos Gutiérrez.
El esquema contemplaba crear una fiducia con activos de estas empresas como garantía de los créditos, mientras que los contratos de arriendo de los pisos que poseen en Centum Business Building serían administrados por Inalca Colombia S.A.S., asegurando el flujo de pagos al banco.
Hasta la fecha, estos créditos no han sido desembolsados, mientras que otros se han detenido debido a la resistencia de algunos funcionarios por el alto riesgo reputacional que implicaría aprobarlos.
Crédito de 5.000 millones para Fema y Aforestar
Otro correo, del 14 de marzo de 2023, describe un crédito de 5.000 millones de pesos solicitado por Aforestar SAS, Fema Reforestaciones S.A.S y Nelson Eduardo Silva, con participación de Finagro y plazo de 72 meses.
Aunque no se confirma si este crédito fue desembolsado, los correos muestran que siguió procesos internos de estructuración y análisis, reflejando un patrón similar al del negocio inmobiliario previo.
Crédito aprobado de 898 millones
En el sistema interno del banco (Cobis) se evidencia un crédito de 898 millones de pesos desembolsado a Aliados Financieros y Servicios S.A.S Zomac, cuya totalidad de acciones pertenece a Fema Reforestaciones S.A.S, otra empresa de los Alcocer.
La investigación señala que existe un enroque accionario y contractual entre las empresas, que podría facilitar la obtención de créditos fraccionados, incrementando las posibilidades de aprobación al dividir los montos en varias solicitudes.
Alertas internas sobre riesgo reputacional
Documentos elaborados por el área comercial del banco y otros funcionarios advierten al área de Sarlaft sobre antecedentes de la familia Alcocer y el riesgo reputacional de aprobar el crédito de 8.000 millones.
Entre los hallazgos se identificaron antecedentes mediáticos y financieros que podrían afectar la imagen del banco. El informe conocido por Blu concluye que el riesgo reputacional era suficiente para abstenerse de emitir un concepto favorable al negocio, aunque aclara que esto no implica la comisión de delitos por parte de los Alcocer.
Arriendo de sucursal bancaria para la familia Alcocer
El interés de la familia Alcocer en el Banco Agrario no se limita a créditos. En marzo de 2025, la entidad firmó un contrato de arrendamiento de 3.669 millones de pesos por diez años, trasladando la sucursal ubicada en la calle 100 con carrera 17 a la calle 100 con carrera 49, en el primer piso del edificio Centum Business Building, donde Fema y Praga poseen varios pisos alquilados.
El contrato fue firmado por Álvaro Fernando Arias y contempla un canon de 30 millones de pesos mensuales pagado a través de Inalca Colombia S.A.S.
Respuesta del Banco Agrario
Tras la publicación del informe, el Banco Agrario aseguró que no fue consultado previamente para entregar su versión. La entidad manifestó que varias de las afirmaciones difundidas en medios requieren contexto adicional y entregó una respuesta oficial punto por punto.
El banco defendió la trayectoria de su presidente, indicando que “Hernando Chica Zuccardi es un banquero de amplia experiencia, que llegó al Banco Agrario por su experiencia y hoja de vida”, y que su gestión ha permitido “excelentes resultados y crecimiento en los últimos tres años”.
En cuanto a los créditos mencionados en la investigación, la entidad afirmó que “algunos de los créditos fueron solicitados, pero nunca se desembolsaron porque no cumplían los requisitos”. Añadió que el rechazo de las operaciones prueba que “no se ejerce ninguna presión sobre los funcionarios y que son autónomos en el ejercicio de su labor”.
Sobre el único crédito confirmado para una integrante de la familia Alcocer, el banco precisó que “se desembolsó un único crédito por 900 millones con garantía hipotecaria y a nombre de María Teresa Alcocer, sin ningún beneficio de tasa, subsidio o beneficio de Finagro”.
Respecto a las listas restrictivas, la institución aclaró que “no son elaboradas por el Banco Agrario” y que la única vinculante en Colombia es la relacionada con terrorismo. “No es posible ‘sacar’ a una persona de una lista”, señaló en respuesta directa a lo dicho en Blu Radio.
El banco también se refirió al estatus de María Teresa Alcocer como Persona Expuesta Políticamente (PEP). Según la entidad, “la contratación de cualquier producto financiero requiere conocimiento reforzado y autorización de un funcionario del más alto nivel”, y mientras no se cumplan esos requisitos, el sistema mantiene los productos bloqueados.
Además, enfatizó que la ciudadana “no tiene sentencia judicial o sanción administrativa, por lo que no existe razón objetiva para negar la prestación de un servicio público”.
Sobre el traslado de la sede en Bogotá, la entidad indicó que el punto anterior “presentaba riesgo estructural” y que tras un estudio de mercado se eligió una ubicación más grande, con mayor afluencia y “un canon de arrendamiento más económico”. También aclaró que “la negociación del contrato de arrendamiento se llevó a cabo con la inmobiliaria Inalca”.
Finalmente, el banco desmintió versiones divulgadas en vivo en Blu, afirmando que “el cuñado de la primera dama no es nuestro oficial de cumplimiento”, pues el funcionario mencionado es solo un homónimo.
Sobre las declaraciones de un periodista que insinuó riesgo de apropiación de recursos, el banco respondió: “Un crédito no es un robo, porque el dinero se debe pagar con intereses, como en cualquier entidad financiera”, y recordó que los créditos cuestionados “no se aprobaron hace tiempo”.
La entidad concluyó reiterando que todos sus procesos “son estrictos y rigurosos”, supervisados por la Superintendencia Financiera, y que cualquier ingreso de terceros a sus instalaciones “deja múltiples registros verificables”.
