La Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, dirigida por el exministro Juan José Santivañez, aumentó su presencia en Palacio de Gobierno con personal exclusivo, altos sueldos y una estructura inédita en solo tres meses, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder. El documento reveló que la entidad destina más de S/ 900 mil anuales solo en planillas.
Los documentos oficiales citados por el programa indican que la oficina cuenta con secretaria, asistente, especialistas y analistas. Cada especialista en monitoreo recibe S/ 11,970 mensuales, los analistas S/ 7,135, la secretaria S/ 4 mil y el asistente S/ 3 mil.
A esta estructura se suma un asesor contratado mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), fuera de planilla, con una remuneración superior a S/ 15 mil. Entre mayo y junio, Linnet Echegaray, llegada del Ministerio del Interior, cobró más de S/ 21 mil. Antes, ese cargo lo ocupó Erick Caso, exjefe de asesores de Santivañez y hoy secretario general del Ministerio del Interior, cartera que dirigió Santivañez.
En paralelo, alcaldes de varios distritos visitaron esta oficina. Después de sus reuniones, sus municipios recibieron fondos del Estado incluidos en el Proyecto de Ley 11923/2024. La iniciativa del Ejecutivo asigna S/ 636 millones a gobiernos locales. Santa Lucía (Puno) recibirá más de S/ 3.2 millones; Ancón, cerca de S/ 2 millones; y el Rímac, S/ 942,219. Sus alcaldes aparecen registrados como visitantes, según el reportaje. Sin embargo, algunos negaron haber gestionado esos recursos durante sus citas.
La oficina también emitió resoluciones que otorgan defensa legal a Santivañez con fondos públicos, firmadas por personas cercanas a su entorno.
Tras la difusión del reportaje, el Despacho Presidencial negó que la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental haya sostenido reuniones con alcaldes para tratar temas relacionados con el Proyecto de Ley N.° 11923 sobre crédito suplementario. En un comunicado oficial, la Presidencia calificó la información como “tendenciosa” y defendió la labor del área cuestionada.
Además, precisó que la oficina actualmente cuenta con solo dos personas asignadas, una de ellas contratada mediante el FAG. “Se rechaza enfáticamente que alcaldes o autoridades regionales hayan sostenido reuniones con el responsable de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental para tratar asuntos relacionados con el Proyecto de Ley N.° 11923 sobre crédito suplementario”, señaló el despacho de Dina Boluarte.
El comunicado exhortó a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información inexacta. “La gestión de la presidenta promueve la articulación y el fortalecimiento de la ejecución en los gobiernos locales y regionales, manteniendo un diálogo permanente con autoridades de todo el país, conforme a la política de concertación del Ejecutivo”, añadió.
