Una red criminal dedicada al robo de combustibles logró infiltrarse en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, mediante el soborno sistemático de marinos y otras autoridades federales.
Al frente de esta organización se encontraba Elder Rodríguez Torres, alias La Hormiga, quien junto a su socio “El Lanchero”, tejió una trama de corrupción que involucró a miembros de la Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), facilitando el saqueo de hidrocarburos en instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
De acuerdo con un informe de la Defensa fechado en mayo de 2022 y filtrado por el colectivo Guacamaya Leaks, la red de La Hormiga ofrecía pagos de 10 mil pesos a marinos para permitir el acceso y extracción de combustibles en la refinería Olmeca. Además, extendía sobornos de 5 mil pesos a personal de la Guardia Nacional y la Defensa, además de mantener vínculos con funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) en Comalcalco, quienes, según el documento, se encargaban de desaparecer denuncias en su contra.
El informe también detalla que la complicidad de estos funcionarios permitía a la organización operar con impunidad, mientras que las fuerzas armadas coludidas facilitaban el ingreso a las instalaciones de PEMEX.
El funcionamiento de la red criminal se apoyaba en una estructura jerárquica. “La Hormiga”, en colaboración con “El Lanchero”, coordinaba la obtención ilícita de diésel y gasolina de los barcos que desembarcaban en la plataforma de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.
Modus operandi del huachicol
De acuerdo con el documento filtrado, el cual revisó el periódico El Universal, la operación se realizaba en alianza con varios capitanes de embarcaciones, quienes, junto a “El Lanchero”, trasladaban el combustible en lanchas hacia el río y, posteriormente, en camionetas hasta bodegas identificadas como “la casa morada”.
Estas actividades solían ejecutarse a partir de las 22:00. «El Lanchero» dirigía al menos a cinco capitanes (La Gordo, El Chilo, Vacal, Layón y El Negro), mientras que ocho “repartidores” en tierra distribuían el hidrocarburo a gasolinerías o lo vendían en puntos fijos.
El alcance de la red no se limitaba al robo de combustible. El contrabando de hidrocarburos también implicaba evasión fiscal, lo que agravó el escándalo que en los últimos meses ha sacudido a la Secretaría de Marina (SEMAR).
Decomiso en Tamaulipas sigue dando pistas de redes criminales
En marzo de 2023, el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, destapó una nueva fase de la investigación. El 7 de septiembre, el gabinete de seguridad federal anunció la detención de 14 personas vinculadas al contrabando de huachicol, entre ellas tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló en conferencia de prensa que las autoridades preparan más de 200 órdenes de aprehensión contra otros funcionarios, personal civil y personas relacionadas con empresas que comercializaban combustibles introducidos ilegalmente al país.
El caso de “La Hormiga” tuvo un giro judicial en agosto de 2022, cuando Elder Rodríguez Torres fue detenido por almacenamiento ilícito de petrolíferos y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En junio de 2023, un juez de Control en Villahermosa le impuso una multa de 20 mil pesos y ordenó su liberación.
Muertes relacionadas por huachicol fiscal: Gobierno de México indica que siguen investigaciones
Tras el anuncio de las detenciones, al menos siete personas murieron en circunstancias relacionadas con el huachicol fiscal: cuatro marinos, tres exfuncionarios federales de la FGR y un integrante de la Agencia Nacional de Aduanas.
El 9 de septiembre, la Semar reportó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. Además, en octubre de 2024, el asesinato del contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar, exdirector general de Recaudación de Aduanas y denunciante de presuntos actos de corrupción en la Armada, marcó un nuevo episodio de violencia ligada al caso.
El origen de estas revelaciones se remonta a la filtración de documentos de inteligencia militar por parte de Guacamaya Leaks, que expusieron la profundidad de la corrupción y la colusión entre fuerzas armadas, autoridades federales y empresarios en el robo y contrabando de combustibles.
Además, la violencia alcanzó a los más altos niveles de la Marina: tras ser citado por el nuevo titular de la institución, Raymundo Pedro Morales, el contraalmirante Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo, cerrando así un capítulo marcado por la impunidad y el riesgo para quienes intentaron denunciar la corrupción.
