Pocas horas después de que dos asociaciones civiles presentaran una acción de amparo colectivo ambiental contra la remoción del puente de Ciudad de La Paz, este martes por la tarde –tal como ya estaba previsto– el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) se reunió para debatir la descatalogación de este viaducto, medida necesaria para poder retirarlo. De los 13 participantes del organismo, se presentaron al debate 8. De ellos, cuatro votaron en contra de la descategorización, tres se abstuvieron y uno votó a favor. La recomendación de los asesores patrimoniales fue, por ende, sostener la protección. En otras palabras, le recomendaron al gobierno de Jorge Macri mantener esta estructura histórica, que une los barrios de Palermo y Colegiales.

En el documento presentado antes de la votación, al que tuvo acceso LA NACION, las asociaciones civiles pidieron que se ordene al CAAP abstenerse de tratar la descatalogación del puente y también que se ordene al Ejecutivo local que cumpla con su obligación de remitir a la Legislatura el proyecto de ley para la catalogación definitiva del puente. Cuenta con protección patrimonial preventiva desde 2017.

Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, asociación que presentó el recurso de amparo contra la descategorización del puente, junto con Basta de Demoler (BDD), detalló que se presentó la “medida cautelar urgente” para “evitar un daño irreversible al patrimonio cultural de la ciudad”. “Lo que se demuele se pierde para siempre y existen soluciones que garantizan la seguridad sin comprometer la conservación de nuestra memoria colectiva”, amplió el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Al referirse a la acción colectiva, consideró que “la omisión del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto de ley a la Legislatura también está impidiendo el pleno ejercicio de la participación ciudadana, incluyendo la convocatoria a una audiencia pública obligatoria tal como establece la Constitución de la Ciudad para el tratamiento de proyectos de ley que tienen por objeto la protección patrimonial”.

“Luego de la votación del CAAP sosteniendo la protección del Puente Ciudad de la Paz, el Poder Ejecutivo debe cumplir con su deber legal, omitido durante ocho años, de remitir el proyecto de ley a la Legislatura porteña para el tratamiento de la protección patrimonial y catalogación definitiva del puente”, afirmó Baldiviezo.

Línea de tiempo de un conflicto

La histórica plataforma metálica, de 1919, cruza por encima de las vías del ferrocarril Mitre. Tras haber permanecido cerrado al tránsito por dos años, el puente de Ciudad de La Paz fue rehabilitado por el jefe de gobierno porteño en marzo de este año. La reapertura para la circulación de vehículos livianos ocurrió tras meses de trabajo en su reacondicionamiento. La empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) tuvo a cargo de la obra y reabrió el viaducto, bajo la supervisión del ingeniero civil Martín Polimeni. Entre otras tareas, se reforzó la estructura de los reticulados incorporando perfiles metálicos nuevos que fueron soldados a los existentes.

Tras la reinauguración, hace poco más de seis meses, Jorge Macri expresó: “Hablamos con los vecinos y escuchamos un reclamo de años: un puente cerrado, que muchos decían que no se podía reparar, y una obra pospuesta durante mucho tiempo. Hemos cumplido con las obras, las ejecutamos en serio”.

Pero cuatro meses después, el jefe de gobierno anunció su intención de remover el puente y hacer un llamado a licitación para construir un nuevo paso vehicular. Según justificó en ese momento, la intención era permitir que se ampliara el uso del viaducto a la circulación de camiones. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires y AUSA justificaron la demolición argumentando cuestiones de seguridad y fallas estructurales. Por su parte, AUSA avanzó con la publicación de la licitación sin que el CAAP hubiera concretado el paso previo: la descatalogación.

Tras la acción de amparo, Ana Bas, presidenta de BDD, planteó: “Las autoridades porteñas pasaron de considerar este puente con valor histórico testimonial y catalogarlo como bien patrimonial a pedir que se lo descatalogue por no se sabe qué causa, de decir que es un puente emblemático recuperado a que su rehabilitación es imposible».

Indicó, además, que la Ciudad pasó “de pedir informes técnicos a serios profesionales del rubro, a desoírlos si no coinciden con los proyectos de algunos funcionarios” y “también a olvidar que los ciudadanos tenemos el derecho a participar de las decisiones que modifican nuestro paisaje urbano». “Cuando el gobierno de la ciudad no consulta ni escucha a los que la habitamos, mantenemos y sufrimos, nos queda el Poder Judicial para intentar hacer cumplir las normas que nos protegen”, consideró.

El puente de Ciudad de La Paz fue construido en 1919 por la Compañía de Tranvías Lacroze para el paso de las formaciones, pero cuando dejaron de usarse como medio de transporte público en la década del 60 fue readaptado y asfaltado para la circulación vehicular. Así, se convirtió en un camino alternativo para pasar entre Palermo, Belgrano y Colegiales hacia la avenida Cabildo.

Consta de acero remachado al estilo inglés que se extiende por 52 metros y se eleva, logrando la altura necesaria para cruzar la traza ferroviaria. Cuenta con una pasarela peatonal lateral, que en sus orígenes era de madera y posteriormente se reemplazó por losas de hormigón armado. Su trama metálica delgada dialoga con la escala de un barrio residencial.

El arquitecto Marcelo Magadán, especialista en patrimonio urbano, respaldó el camino judicial para defender el puente histórico. “Ante la falta de respuesta del gobierno porteño a los reiterados pedidos de los vecinos, de los patrimonialistas y de las organizaciones sociales, hubo que llegar a la presentación de una acción de amparo para preservar este puente de gran valor histórico. El gobierno de la ciudad hizo caso omiso a los informes técnicos que él mismo contrató, que proponían planes de rehabilitación de la estructura metálica, y prefirió insistir en su demolición, tratando de convencer a los miembros del CAAP que aprueben su descatalogación como bien protegido».

Tras la votación contraria a la descatalogación, el profesional agregó: “Hoy fue un día relevante para el patrimonio de la ciudad. El CAAP, luego de varias postergaciones, votó a favor de mantener la catalogación del puente como bien histórico. Descatalogarlo era un trámite necesario para demolerlo. Gracias a la acción de los vecinos y las organizaciones sociales, los miembros del CAAP tuvieron información de la real de las posibilidades concretas de su rehabilitación. Estábamos frente al absurdo de que el gobierno porteño pretendía demoler el puente con el pretexto de que era inseguro, a pesar de que AUSA había invertido dinero en rehabilitarlo y el jefe de gobierno lo había reabierto al público”.

Bas sumó: “El CAAP cumplió con los presupuestos para los que fue creado, conservando la catalogación del puente de Ciudad de La Paz, si bien no fue una decisión unánime. Que la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) haya votado por la demolición y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FADU/UBA) se haya abstenido, no nos sorprende. Son instituciones que no deberían integrar el CAAP, ya que no tienen ninguna especialidad en patrimonio y se han opuesto a su conservación en muchas oportunidades”.