Un nuevo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sacudió la política migratoria de la administración Donald Trump. El máximo tribunal respaldó una orden de un tribunal inferior que obliga al gobierno federal a facilitar “lo antes posible” el retorno de Kilmar Abrego García, un hombre oriundo de El Salvador, residente en Maryland, que fue expulsado ilegalmente del país norteamericano.
El fallo de la Corte Suprema que expuso la deportación ilegal de Kilmar Abrego García
La Corte Suprema respaldó este jueves 10 de abril una orden emitida en abril por la jueza federal Paula Xinis, del distrito de Maryland, quien exigió al gobierno “facilitar y efectuar” el regreso de Abrego García desde El Salvador, más precisamente desde la megacárcel de Nayib Bukele: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Aunque la Corte consideró ambiguo el término “efectuar”, sostuvo que la orden judicial sí obligaba al Ejecutivo a tomar medidas concretas para permitir su retorno.
Asimismo, la Corte pidió a la magistrada que aclarara el alcance de su resolución, aunque ratificó su facultad para intervenir en este caso. El pronunciamiento no incluyó disidencias. Según el tribunal:
- El gobierno debía facilitar la liberación de Abrego García, detenido en una prisión salvadoreña conocida por sus condiciones inhumanas.
- Debía asegurarse de que su situación legal en EE.UU. se tratara como si nunca hubiese sido deportado.
- El fallo resaltó la falta de claridad en el mandato de “efectuar” el regreso y pidió modificar ese punto por respeto a la autoridad del Ejecutivo en política exterior.
En pocas horas, la jueza Xinis ajustó su orden y eliminó el término “efectuar”. Su nueva instrucción exigió que “los demandados tomen todas las medidas disponibles para facilitar el retorno de Abrego García a Estados Unidos lo antes posible”.
Un error administrativo con consecuencias graves para un inmigrante deportado a El Salvador
El Departamento de Justicia admitió que la expulsión se realizó por “un error administrativo”. No obstante, en sus alegatos, el gobierno de Trump insistió en que Abrego García es integrante de la pandilla MS-13, una organización criminal que Estados Unidos considera una amenaza a la seguridad nacional. El propio deportado, sus abogados y su entorno han negado de forma tajante cualquier vinculación con el grupo.
Según informó NBC News, el abogado Andrew Rossman celebró la decisión de la Corte con un mensaje claro: “La ley ha triunfado hoy. Es hora de traerlo a casa”. El letrado también envió una carta al procurador general, D. John Sauer, donde exige que se ejecuten de inmediato las acciones necesarias para liberar a Abrego del Cecot, en El Salvador, y que se disponga un vuelo para repatriarlo cuanto antes.
La cadena ABC News explicó que la esposa de Abrego García es ciudadana estadounidense y vive en Maryland junto con sus tres hijos, todos con necesidades especiales. Desde su deportación, la familia llevó adelante una intensa campaña para su regreso.
La defensa de Trump a la deportación de Kilmar Abrego García y la crítica de los jueces de la Corte Suprema
El Departamento de Justicia reaccionó al fallo con una postura defensiva. En una comunicación con NBC, afirmó que la decisión de la Corte “reconoció correctamente” que la política exterior es una prerrogativa exclusiva del presidente. Según la administración Trump:
- Las cortes federales no tienen autoridad para obligar al Ejecutivo a intervenir en asuntos internacionales.
- Los jueces no pueden interferir en la facultad presidencial de coordinar deportaciones con gobiernos extranjeros.
- El fallo, según su interpretación, reafirma los límites de la Justicia frente al poder del Ejecutivo.
Sin embargo, la jueza Sonia Sotomayor cuestionó duramente ese argumento. En una opinión adjunta al fallo, a la que adhirieron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, señaló:
- “El gobierno no ha citado ninguna base legal para el arresto sin orden judicial, la deportación ni el encarcelamiento de Abrego García”.
- La orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión sigue vigente.
- “En lugar de corregir su error, el gobierno lo minimizó como una ‘omisión’ administrativa”.
- Sostener que los tribunales no pueden intervenir una vez ejecutada la deportación es “simplemente falso” y “peligroso”.
Sotomayor fue más allá y advirtió que el razonamiento del gobierno implicaría que “podría deportar e incluso encarcelar a cualquier persona, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin consecuencias legales, siempre que lo haga antes de que un tribunal intervenga”.
