La denuncia penal que el Gobierno nacional presentó este lunes ante la Justicia federal por los audios que se conocieron el viernes pasado con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada, consta de 20 páginas en la que hay desde graves acusaciones hasta pedidos de medidas cautelares y allanamientos a periodistas y el canal de streaming Carnaval, desde donde se dio a conocer el material.
Sospechas de vínculos inorgánicos de inteligencia, “chantaje”, “ataques de grupos paraestatales”, con objetivos de desestabilizar al gobierno, la mira en la oposición kirchnerista y hasta sospechas de conexiones con Irán, Venezuela y Rusia, son solo algunos de los ejes que se despliegan en la presentación, en la que también se advierte una “gravedad inusitada” al considerar que parte de las escuchas pudieron hacerse en la propia sede gubernamental.
La denuncia quedó en manos del juez Julián Ercolini y estos son sus principales puntos:
– En la denuncia se considera que “otro engranaje de esta maniobra golpista sería Franco Bindi, abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca”.
– “De acuerdo a información disponible, Franco Bindi es un personaje ubicado desde hace años en la intersección entre política, medios e inteligencia”. A Bindi también lo ligan a Fernando Pocino, exdirector de la SIDE.
– Además de a Bindi, en la denuncia se menciona a el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, hombre fuerte de la AFA, y el conductor Jorge Rial. A todos ellos, así como a la sede del streaming Carnaval, se solicita que se los allane para secuestrar eventuales pruebas y dispositivos tecnológicos. También que, en relación con ellos se pida información a distintos organismos como la IGJ, la Arca y compañías tecnológicas.
– El Gobierno sostuvo que los hechos denunciados «forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional», en referencia a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que fueron: “mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520″.
– La denuncia del Gobierno también señala a un supuesto grupo denominado “La Compañía”, presuntamente vinculado a residentes rusos en el país, que tendría “como objetivo conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia para desarrollar campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino”.
– Consideró que “el propósito de sus autores es influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.
– La denuncia agregó que “el Gobierno Nacional y el próximo proceso electoral ”se encuentra bajo un inédito ataque de grupos paraestatales que buscan generar caos”.
– “Los audios han sido esparcidos de modo estratégico, en un momento en el cual el país se encamina hacia la estabilización macroeconómica, y en las semanas previas de las elecciones legislativas de medio término”, consideró.
– “La maniobra en cuestión no constituye un mero episodio aislado con repercusión mediática, sino que es el producto de una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, sostuvo el Gobierno.
– “No se trata aquí de una filtración fortuita, ni de un hecho espontáneo, sino de una secuencia ejecutada con una finalidad política y comunicacional, a través de prácticas prohibidas por la legislación vigente (Ley 25.520). La ilicitud que aquí se advierte surge tanto de la forma en que se obtuvieron los registros como del modo en que se los utilizó posteriormente”, se describió en la denuncia.
– “En efecto, la maniobra se basa en un conjunto de grabaciones subrepticias, amplificadas luego a través de redes sociales y de ciertos medios de prensa elegidos deliberadamente para desacreditar al Gobierno”. Lo consideraron “parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno”.
– En ese contexto, “la denuncia se interpone mientras los periodistas del canal Carnaval se animan a chantajear a los funcionarios espiados ilegalmente, a través de la amenaza de una publicación fragmentada durante los días que quedan hasta las próximas elecciones legislativas».
-“La versión más extendida sugiere incluso que una parte la operación habría sido ejecutada en el ámbito de la Casa Rosada. La mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo Federal, o en otros despachos públicos, para provocar este efecto electoral otorga a la maniobra una gravedad inusitada”.
– “La utilización impune de las conversaciones privadas de la Lic. Milei por parte de esta organización criminal constituiría una injerencia sin precedentes en la vida política del país, al lesionar la inviolabilidad de la sede del Gobierno Nacional y comprometer gravemente la confianza ciudadana en el normal desenvolvimiento de las instituciones”.
