Durante la audiencia celebrada el 10 de noviembre de 2025, la intervención de la defensa de Ricardo Rafael González estuvo marcada por una serie de cuestionamientos dirigidos tanto a la imputación de la Fiscalía General de la Nación como a la individualización de los hechos presentados por la parte acusadora.
La abogada representante de González solicitó aclaraciones específicas sobre la naturaleza y el alcance de las circunstancias agravantes mencionadas en la acusación. En particular, pidió precisar si dichas circunstancias correspondían a haber colocado a Jaime Esteban Moreno Jaramillo en estado de indefensión o al aprovechamiento posterior de ese estado, enfocando el debate en si fue la patada en la espalda, atribuida a su defendido, el hecho concreto que dejó a la víctima sin posibilidad de defensa durante los hechos.
La defensa también requirió mayor claridad respecto al supuesto “acuerdo común o concomitante” entre González y Juan Carlos Suárez, señalando como insuficiente la explicación de la Fiscalía sobre los hechos concretos que fundamentarían tal afirmación y cuestionando si la participación de otras personas, en particular las mencionadas en calidad de instigadoras, estaba debidamente sustentada. Pidió detalles sobre quiénes habrían alentado el ataque y la manera en que su posible intervención habría modificado la naturaleza del delito.
Adicionalmente, la abogada objetó la imputación de circunstancias de mayor punibilidad, como el ocultamiento, la superioridad numérica y la existencia de presuntos móviles de intolerancia, argumentando que la Fiscalía no había justificado en términos precisos cómo, estos agravantes, encontraban sustento en los hechos probados y en la normatividad penal aplicable.
Calificó estas circunstancias como genéricas e infundadas dentro del proceso y advirtió sobre lo que describió como un “exceso en la imputación”, expresando que el caso debía mantenerse centrado en la correcta aplicación de los principios del derecho penal, “no en intentar inflar cargos como acto de venganza”.
En respuesta a estos señalamientos, la jueza a cargo del caso se dirigió a Ricardo Rafael González para consultar si aceptaba los cargos formalmente imputados por el ente acusador en relación con el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. González, al tomar la palabra, rechazó categóricamente la imputación, declarando ante la autoridad judicial: “No, su señoría. No acepto cargos”.
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