Este viernes, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó en su columna Estrictamente Personal un análisis demoledor titulado “Ciro, El Mencho, ¿En serio?”, en el que cuestiona con severidad la versión oficial del atentado contra Ciro Gómez Leyva, ocurrido hace dos años y medio. Según Riva Palacio, la historia judicial está por cerrarse, pero lo hace sobre una base de inconsistencias, declaraciones inducidas y una narrativa “pegada con saliva”.
Esta semana, un juez dictó sentencia a dos integrantes clave del grupo de siete personas que supuestamente atentaron contra el periodista: el jefe de la célula y uno de los sicarios que disparó directamente contra la camioneta blindada en la que viajaba Gómez Leyva. El resto del grupo podría ser sentenciado en los próximos días. No obstante, advierte Riva Palacio, el caso “apesta”.
De acuerdo con la versión presentada por el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, el atentado fue ordenado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), supuestamente molesto porque Gómez Leyva “se metió con su familia”. Según esta historia, El Mencho contrató por outsourcing a un delincuente menor, Armando Escárcega, alias “El Patrón”, quien reclutó a siete matones en barrios del oriente de la Ciudad de México. Estos fueron enviados a un supuesto campamento de adiestramiento en Ciudad Guzmán, donde un exmilitar colombiano los entrenó durante 15 días.
Riva Palacio subraya que el propio Ciro Gómez Leyva, en su columna de este jueves en Excélsior, consideró esta versión “poco confiable, verosímil y creíble” tras leer las declaraciones —prácticamente idénticas— de Pool Pedro Gómez Jaramillo y Héctor Eduardo Martínez Jiménez, dos de los implicados.
El origen de esta línea de investigación, explica Riva Palacio, se remonta a febrero de 2023, cuando Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, señaló públicamente al CJNG como responsable, sin presentar pruebas. Ese mismo patrón lo había seguido en 2020, cuando tras sobrevivir a un atentado, culpó inmediatamente al mismo cártel. A partir de ahí, la narrativa se fue construyendo para encajar con esa versión, incluso cuando las declaraciones que vinculaban a los detenidos con el CJNG no llegaron sino hasta abril de 2024.
La Fiscalía General de la República (FGR) retomó la teoría cuando Gómez Leyva acudió a ella tras denunciar que la fiscalía capitalina no avanzaba en la investigación y ni siquiera le permitía acceder a su carpeta. A partir de entonces, el caso avanzó en términos procesales, con confesiones y sentencias, pero con muchos cabos sueltos.
Riva Palacio plantea varias dudas fundamentales: ¿cuándo ha investigado Gómez Leyva al CJNG o a la familia de El Mencho? ¿Desde cuándo un capo de ese nivel encarga un asesinato sin los protocolos de seguridad y compartimentación que caracterizan a los cárteles? ¿Por qué un grupo de matones sin mayor perfil fue entrenado en un campamento presuntamente controlado por el CJNG, sin levantar sospechas?
Además, destaca que la figura de Escárcega —quien aún no ha sido sentenciado— podría ser la “pieza teatral” que falta para completar la narrativa: no sorprendería que se diga que trabajaba directamente para El Mencho, como una forma de dar “verosimilitud” al caso.
La historia judicial parece hecha a la medida de una conclusión ya sembrada en el imaginario público: que el CJNG opera campos de entrenamiento como el de Teuchitlán o Ciudad Guzmán, teoría que ha sido repetida por García Harfuch y funcionarios de seguridad. De hecho, Riva Palacio recuerda que la persecución contra el CJNG ha escalado, como ocurrió recientemente en Chiapas, donde policías estatales —vinculados con el propio Harfuch— cruzaron ilegalmente a Guatemala para ejecutar a un presunto jefe de plaza del cártel.
El periodista cierra su columna con una crítica severa a las autoridades mexicanas, tanto locales como federales. Desde Ayotzinapa hasta el caso Gertz Manero, dice, se repite el mismo patrón: averiguaciones inducidas, pruebas falsas, narrativas oficiales construidas desde antes de investigar.
A dos años y medio del atentado contra Gómez Leyva, el caso parece haber vuelto al punto de partida, con confesiones que validan la hipótesis impulsada desde el poder sin pruebas contundentes. “¿Se hizo justicia? Algo apesta”, concluye Riva Palacio.
