El intendente cuestionó duramente la iniciativa impulsada por concejales, aseguró que es ilegal y antirreglamentaria, y afirmó que impone restricciones y sanciones que exceden las atribuciones del Concejo Deliberante.
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, reiteró que vetará la ordenanza presentada por un sector del Concejo Deliberante que propone modificar la normativa vigente vinculada al llamado a subasta del Complejo Casino, y advirtió que su aprobación generaría una grave inseguridad jurídica que ahuyentaría a potenciales inversores.
“Si aprueban la ordenanza, la voy a vetar”, afirmó el jefe comunal durante una exposición pública en la que agradeció la presencia de medios de comunicación, representantes gremiales vinculados al Casino, prestadores turísticos, comerciantes, funcionarios, concejales y vecinos. En ese marco, Rojas sostuvo que lo que se pretende tratar “reviste una gravedad institucional muy importante”.
El intendente recordó que hace menos de quince días se aprobó una ordenanza —por la anterior composición del Concejo Deliberante— que autorizó al Departamento Ejecutivo a llevar adelante una subasta pública para buscar inversores que permitan recuperar el complejo, garantizar las fuentes laborales y generar un punto de inflexión para el desarrollo del distrito. Frente a ello, pidió “responsabilidad” a los concejales que impulsan el nuevo proyecto y les solicitó que reconsideren su postura y “dejen de lado las mezquindades políticas”.
Rojas calificó la iniciativa como “antirreglamentaria, ilegal y contradictoria”, y aseguró que incluso se opone al propio reglamento interno del Concejo Deliberante. Además, señaló que el proyecto ni siquiera cuenta con dictamen de la Comisión de Legislación, no escuchó la postura del Departamento Ejecutivo ni solicitó opiniones técnicas al Tribunal de Cuentas o a la Asesoría General de Gobierno.
En ese sentido, explicó que el Concejo no puede modificar las reglas que él mismo se impuso sin antes reformar su reglamento interno, lo que requeriría una mayoría agravada y la definición de nuevas reglas “hacia adelante”. Avanzar en otro sentido, advirtió, “genera inseguridad jurídica” y expone a la nueva ordenanza a ser declarada nula de nulidad absoluta.
El intendente también cuestionó el contenido del proyecto, al señalar que impone plazos y obligaciones “absolutamente irracionales” para cualquier inversor. En particular, criticó el plazo de 180 días para restaurar o demoler el complejo, al compararlo con otros antecedentes donde se otorgaron plazos mínimos de tres años para obras de menor magnitud.
Asimismo, advirtió que la ordenanza prevé la caída automática de las exenciones de tasas municipales —aprobadas previamente como mecanismo excepcional para fomentar inversiones— en caso de incumplimientos, y consideró “aún más grave” que el Concejo Deliberante se arrogue la facultad de imponer multas sin establecer montos ni criterios. “El Concejo puede fijar multas, pero no imponerlas. Esa es una atribución exclusiva del Departamento Ejecutivo”, subrayó.
Según Rojas, este esquema deja a cualquier inversor “a merced de un grupo de concejales”, con sanciones discrecionales que podrían alcanzar cifras millonarias, lo que desalienta cualquier intento serio de recuperación del complejo. “Esto espanta a cualquier inversor y pone en riesgo las fuentes de trabajo y la posibilidad de recuperar esta antipostal que nos duele a todos los necochenses”, expresó.
El jefe comunal también denunció incoherencias internas en el proyecto, al señalar que mientras en los considerandos se propone destinar la totalidad de los fondos de la subasta a la reconstrucción del auditorio, en el articulado se crea un fondo de “reparación histórica” administrado por una comisión integrada por bloques políticos, arrogándose facultades que, por Ley Orgánica Municipal, corresponden al Ejecutivo.
En contraposición, Rojas detalló cómo avanza el proceso establecido por la ordenanza vigente. Informó que el Ejecutivo ya notificó al Colegio de Martilleros, que abrió un registro de inscripción para los profesionales interesados, cuyo plazo vence este viernes 26. Luego, se realizará un sorteo público, por orden de antigüedad en la matrícula, para designar al martillero interviniente, con la participación de un escribano para garantizar la transparencia.
Una vez designado el martillero, se fijará la fecha de la subasta, que se estima para fines de enero o principios de febrero. La convocatoria será ampliamente difundida y tendrá reglas claras: inscripción previa y garantía de oferta para asegurar la seriedad de los participantes. “Es una subasta lisa y llana, donde gana el que más oferte, sin restricciones ni condicionamientos discrecionales”, explicó.
Finalmente, el intendente reiteró que, de aprobarse la nueva ordenanza, ejercerá su derecho al veto. Aclaró que cualquier intento de rechazarlo solo podría tratarse en el próximo período de sesiones ordinarias, a partir del 1º de marzo, por lo que el proceso de subasta continuará su curso.
No obstante, advirtió que si el Concejo intentara tratar el veto en sesiones extraordinarias, el Ejecutivo recurrirá a la Justicia y promoverá las acciones legales correspondientes. “No voy a permitir que, por oportunismo político o pensando en 2027, se frustre una solución que va en contra de los intereses de todos los que habitamos este distrito”, concluyó Rojas, al reafirmar su compromiso de gobernar hasta el último día de su mandato conferido democráticamente por la ciudadanía.
