El exministro Rómulo Mucho se manifestó sobre el debate de una nueva extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que estaba programado para culminar el 31 de diciembre de 2025. Desde el CADE 2025, el ingeniero e impulsor de la regulación de esta actividad, hecho que le valió su censura por el Congreso de la República, profundizó sobre los riesgos de la minería ilegal.
Consultado sobre la demora respecto al Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocido como Ley MAPE, denunció una falta de voluntad estatal. El exministro precisó que la Ley 31338, promulgada en diciembre de 2021, dispuso prorrogar el Reinfo una vez más hasta diciembre de 2024. Sin embargo, ningún gobierno logró avanzar en su ejecución: “En el año 2022 nadie dice nada, no lo hicieron. Año 2023, igual”.
“Mientras se prorrogaba y se prorrogaba, ya iba creciendo la cantidad de gente con Reinfo. Entonces esto se multiplica exponencialmente y llega a la política, llega a todo. Obviamente, que en el Congreso también habría muchos integrantes que no solo sabían de esto, sino que estaban financiados o ya tendrían nexos. Entonces es mucho más difícil [tomar acciones]”, expresó.
Recordó que durante su gestión formó un grupo de trabajo para elaborar un anteproyecto de ley con el objetivo de ordenar y regular la minería artesanal y de pequeña escala. El cual, tras recibir observaciones sociales y culturales, consiguió finalmente la aprobación del Consejo de Ministros, pero se detuvo en el Congreso.
Mencionó que la minería ilegal mueve más de diez mil millones de dólares anuales en Perú, convirtiéndose “en la primera actividad ilícita del país”, y que los efectos se expanden al sistema económico formal y afectan tanto la inversión privada como los proyectos de gran envergadura, pues tiene un efecto desincentivador para empresarios.
“La gran inversión que todavía tenemos, por más de setenta mil millones de dólares de proyectos, está en riesgo”, expresó y planteó que el Estado cree una empresa e involucre a todos, como en el caso de Chile con Enami, la Empresa Nacional de Minería creada por la fusión de la Caja de Crédito y Fomento Minero, y la Empresa Nacional de Fundiciones.
“Como ministro he dicho siempre que no estamos contra la minería pequeña y artesanal. Es una actividad que da trabajo a millones de peruanos, pero sería lindo de que todos ellos estén bajo el marco de la ley. Más allá de los impuestos, que puedan trabajar con tecnología, con respeto al medio ambiente y fundamentalmente remediar que los pequeños o grandes pasivos que puedan dejar”, concluyó.
El caso Tía María
En otro momento, el ingeniero saludó la reactivación del proyecto Tía María en Arequipa y subrayó su impacto en el empleo, la producción local y las exportaciones mineras: “Hoy ya genera más de tres mil puestos de trabajo, esto va a escalar aún más. Incrementa los encadenamientos productivos, las plataformas sociales, tecnológicas, todo el sinfín de beneficios que tiene una inversión minera”.
Recalcó que existen oportunidades de transferencia tecnológica y mejora agrícola en el valle de Tambo, zonas como Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia: “Una inversión jala otra inversión en otras actividades. Tía María debe beneficiar al valle de Tambo, tanto en el tratamiento del agua, como en la transición también hacia una agricultura de agroexportación”.
