Reporteros sin Fronteras (RSF) ha condenado este jueves su inclusión dentro de la lista de organizaciones «indeseables» del Gobierno ruso, una medida que prohíbe su actividad en el país y que la ONG ha descrito como «una etiqueta difamatoria diseñada para silenciar las voces independientes con el falso pretexto de proteger a Rusia de supuestas amenazas».
Así lo ha afirmado en un comunicado en el que ha denuciado que «lo que las autoridades rusas consideran una amenaza es el derecho a la información».
«El mensaje del Kremlin es claro», ha señalado su director, Thibaut Bruttin, acusando a Moscú de mantener «su cruzada para silenciar a todas las voces que exponen su censura y propaganda».
El dirigente de RSF ha advertido de las consecuencias de una medida que, según ha indicado, fue adoptada el pasado 23 de julio y que no le fue notificada. «Cualquiera que coopere con las organizaciones extranjeras incluidas en la lista o ayude a financiarlas en Rusia puede ser objeto de persecución administrativa y multa», ha indicado, mientras que la reincidencia está castigada con hasta cinco años de cárcel.
Pese a ello, ha considerado la medida «en cierto modo, un honor». «La falta de justificación sugiere que la decisión es un reconocimiento a toda la labor de RSF, desde la exfiltración de periodistas rusos hasta las emisiones satelitales de Svoboda», ha declarado.
Con todo, Bruttin ha asegurado que «esto no nos silenciará». «Seguiremos investigando y denunciando su guerra contra las noticias y la información, y trabajando para garantizar que todos los rusos responsables de crímenes contra periodistas, en Rusia y Ucrania, sean identificados y procesados», ha agregado, recordando que ya el pasado año, regulador de medios Roskomnadzor, bloqueó el acceso a la página web de RSF.
Rusia ocupa el puesto 171 entre 180 países y territorios en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 de esta organización fundada en 1985 y con sede en Francia.
La legislación sobre organizaciones indeseables fue adoptada en 2015 y su objetivo pasa por regular ONG y otras entidades que reciben financiación de fuentes extranjeras. En la lista se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace o la ONG Freedom House, entre otras.
Las autoridades rusas han declarado «indeseables» a numerosas organizaciones extranjeras desde el inicio de la invasión de Ucrania, hace ya más de tres años, por lo que sus actividades y las de aquellos que las apoyan están completamente prohibidas en territorio ruso.