La Cámara Federal porteña le ordenó al juez Sebastián Casanello revisar su decisión con la que dejó afuera de la causa conocida como “la ruta del dinero K” una prueba que apuntaría a la familia Kirchner.
Se trata de una grabación en la que el empresario de la construcción Lázaro Báez, principal beneficiado en el reparto de la obra publica en la provincia de Santa Cruz, reconoce que los fondos que manejaba no eran suyos, sino de alguien “de arriba”. “Quizás los administré mal”, reconoció el empresario.
La Cámara admitió el planteo de la querella, la asociación civil Bases Republicanas, y, con los votos del juez Eduardo Farah y Mariano Llorens, revocó el fallo del juez Casanello, que había negado incorporar el audio al expediente. “La vía de revisión debe ser habilitada”, dijo Farah.
La organización civil, integrada por exfuncionarios del macrismo, había indicado en su escrito que resultaba útil “contar con las escuchas que tomaron estado público y que fueron valoradas por el Fiscal de Cámara (Diego Luciani) en la causa nro. 5048/2016 (Vialidad) al momento del alegato final, como evidencia de que el condenado Lázaro Báez fue efectivamente un testaferro del matrimonio Kirchner”, dice la querella en su pedido. Se trata de una organización civil ligada al macrismo, la única que impulsa por estas horas la investigación.
“En esa conversación – de corroborarse su veracidad – el imputado Lázaro Báez habría corroborado la hipótesis del caso que esta querella viene sosteniendo, es decir, que los bienes que aparecen en su nombre, no son de su propiedad, sino de la familia Kirchner», se añade.
El audio en cuestión fue revelado por el programa de Periodismo para Todos, en junio de 2019. ”Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara», decía Baez, desde la cárcel, en una conversación que mantiene con una mujer que le dice que lo ama.
El juez Casanello había rechazado incorporarla argumentado que la legalidad de esa escucha había sido puesta en duda, y ya había sido rechazada hacía 6 años. “Desde entonces el panorama no ha cambiado sino todo lo contrario, los riesgos oportunamente advertidos se han acrecentado y la legalidad de esas escuchas ha sido puesta en duda a través de múltiples planteos de nulidad que se encuentran en trámite de revisión”.
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