Rutas de Lima (RDL) informó que se encuentra en una situación financiera crítica debido a la suspensión del cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, medida vigente desde el 5 de noviembre. La empresa señaló que esta paralización ha provocado la pérdida “prácticamente total” de sus ingresos, lo que compromete seriamente su capacidad para seguir operando las vías concesionadas. En su comunicado del 21 de noviembre, recordó que el 31 de octubre presentó una apelación a la sentencia que ordenó la suspensión, pero dicho recurso aún continúa en trámite.
Según la empresa, el escenario se ha vuelto “insostenible”, ya que se están consumiendo las pocas reservas que quedaban “a una velocidad acelerada”, tal como advirtió en un comunicado previo del 11 de noviembre. En ese momento, RDL indicó que, si la medida no se revertía en un plazo de tres semanas, la continuidad operativa de la concesión quedaría en riesgo. Diez días después de esa advertencia, la suspensión se mantiene sin cambios, confirmó la concesionaria.
Rutas de Lima propone entregar concesión
En este contexto, Rutas de Lima informó que el 19 de noviembre sostuvo una reunión con representantes de la Municipalidad de Lima para exponer la gravedad de la situación. Durante el encuentro, la empresa comunicó que, si las medidas judiciales no se revierten dentro del plazo anunciado, está dispuesta a realizar “una transferencia ordenada y pacífica de la concesión”, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios.
La concesionaria precisó que esta eventual entrega no implica renunciar a sus reclamos. En el comunicado advierte que, pese a ofrecer la transferencia operativa, se reserva todos sus derechos frente a los actos y omisiones de autoridades y entidades del Estado peruano que, a su juicio, han derivado en la actual crisis. La empresa remarcó que esta postura legal se mantiene vigente independientemente del desenlace administrativo.
No hay respuesta del Gobierno
Rutas de Lima también informó que la situación crítica ha sido comunicada a diversas entidades del Gobierno central, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior, además de otras autoridades competentes. El objetivo era solicitar acciones que permitan garantizar la atención de las vías y la seguridad de los usuarios durante este periodo de incertidumbre. No obstante, la concesionaria afirmó que no ha recibido respuesta alguna por parte de dichas instituciones.
Finalmente, la empresa reiteró que tanto RDL como sus accionistas “se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano”, subrayando que la suspensión de peajes —y la consecuente falta de ingresos— ha desencadenado una situación límite que podría llevar a la transferencia definitiva de la operación de las vías a la Municipalidad de Lima si no se revierte en los próximos días.
