El plan para recuperar la costa pública en San Isidro, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, suma un nuevo capítulo. Esta vez, a partir de la liberación de un punto clave en Alvear y el río, en donde hoy funciona la sucursal de un conocido gimnasio privado. Si bien los últimos avances para generar mayor accesibilidad fueron las demoliciones de bares clásicos —Barisidro y Catalejo—, en esta ocasión la medida se centró en un acuerdo para correr el cerco que delimitaba al complejo deportivo y que restringía el libre paso para quienes no fueran socios del lugar.
Esto impacta en la liberación de 1400 metros cuadrados de costa. Para hacerlo, dijeron, primero hubo un “proceso de diálogo y trabajo conjunto con la administración del gimnasio”, tras lo cual el Municipio corrió el cerco existente, y el gimnasio cubrió el costo íntegro de uno nuevo que ahora divide la parcela pública y la privada. “El gimnasio es una actividad comercial privada que deberá desarrollarse dentro de los límites de su parcela”, sostuvieron fuentes de la Municipalidad.
El local inició su expediente de construcción en la municipalidad en 2018, y su actividad comercial en 2019. Fue una obra que se desarrolló en dos parcelas privadas contiguas. Eso estaba aprobado, pero después avanzaron sobre el espacio público, sin permiso de uso, y lo cercaron para que los miembros del gimnasio pudieran realizar actividades al aire libre, explicaron.
Esto se da en el contexto del San Isidro Plan Urbano Costero (SI PUC) que lleva adelante la gestión de Ramón Lanús, quien viene insistiendo desde el año pasado en este objetivo: “Queremos una costa integrada y accesible, con espacios públicos para que todos los vecinos de San Isidro, y quienes nos visitan, puedan disfrutarla”.
El sector de Alvear es una etapa más en el desarrollo del master plan, dijeron, y como tal, realizarán intervenciones en el espacio, tanto a nivel urbanístico como de infraestructura: parquización y ampliación del sector de esparcimiento público, continuidad de senderos y mejoras en el mobiliario. Se espera que estas empiecen en las próximas semanas.
El propósito se evidenció, sobre todo, cuando en octubre de 2024 la intendencia frenó la construcción de un complejo inmobiliario en Sebastián Elcano y Alvear, en donde se emplazaban los restaurantes Fedras y Malloys —aunque los dos se demolieron en 2023, este último se mudó cerca del Sports Club—, con la misma consigna: recuperar el acceso a la ribera y poner el foco en los establecimientos privados que lo bloquean.
A la vez, el plan apunta a recuperar ocho hectáreas que hoy están ocupadas o que, como en el caso actual, restringen el acceso. La idea es, además de ponerlas en valor, generar un paseo ribereño. Como ya explicaron fuentes de la administración en otro momento, una parte esencial del proyecto es dar continuidad al sector norte y sur del parque costero, con parquizado, arbolado y vegetación, a través de la extensión del sendero. De hecho, la renovación empezó a principios de este año en el paseo de los 33 Orientales, a casi seis kilómetros de Alvear.
También por esta razón, en junio y julio se les revocaron los contratos a Catalejo y Barisidro, dos bares clásicos del lugar, ubicados hasta hace poco en el bajo de Roque Sáenz Peña, y se demolieron las estructuras, como se dijo más arriba. En ambos casos el Municipio se basó en los “contratos precarios” con los que funcionaban desde hacía casi 30 años, lo que significaba no pagar ningún canon por ocupar las tierras provinciales, ni el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). Ahora, el área ya se parquizó y se incorporaron 9775 metros cuadrados al espacio público.
No es el caso del gimnasio en cuestión, que no será cerrado ni demolido. Pero como contaron fuentes de la administración, sí hay varios lugares que actualmente están evaluando, en ese afán de continuar con el orden del terreno público. También se habrían registrado ya otros emplazamientos con una situación “similar” a la de los bares, es decir, permisos de uso precarios o, directamente, ningún acto administrativo que los respalde. Por eso, además de liberar la ribera, la intendencia pone el énfasis en regularizar y establecer “un marco adecuado de uso y protección costera”.
Con este objetivo, están revisando y diagnosticando varias parcelas, para identificar las normativas legales que las amparan y los cánones locativos que les corresponden. El diagnóstico del “SI PUC”, detallaron las mismas fuentes, muestra que, a lo largo de la ribera, “existen superficies ocupadas por usos privados y concesiones irregulares”. Esto se traduce en un acceso fragmentado a la costa, que impone una serie de barreras urbanas a la comunidad.
“El resultado es una pérdida progresiva del carácter público de la costa, donde parte de la superficie quedó condicionada por actividades comerciales, clubes o usos no calificados, frente a una menor proporción de áreas efectivamente accesibles para los vecinos. Estamos trabajando para ordenar, regularizar y compatibilizar los distintos usos», remarcaron.
El plan establece, entonces, la continuación del camino de sirga, por eso es esencial para el Municipio establecer aquellos espacios que estén ocupados ilegalmente. Luego de la demolición de los bares, aseguraron, continuarán impulsando acciones, ya sea mediante acuerdos de regularización o a través de medidas concretas, para desarticular las situaciones que contravengan la normativa vigente.