Un error administrativo del gobierno de San Luis derivó en un hecho insólito que se convirtió en noticia. Como todos los meses, Verónica Acosta esperaba un depósito de 8000 pesos de su exmarido, correspondientes a la cuota alimentaria, y en esa espera recibió más de $500 millones. En cuestión de horas, la mujer se gastó todo el dinero, que según contó después compartió con distintos familiares. Ahora, ella y cinco allegados suyos deberán pagar una fianza de $30 millones para no quedar detenidos, acusados por la Justicia provincial de estafa.

El hecho ocurrió el 6 de mayo cuando Acosta, oriunda del municipio de Villa Mercedes, recibió más de $500 millones provenientes del gobierno provincial. El error fue rápidamente identificado por el tesorero de la administración local que realizó el depósito, quien luego denunció el episodio. Sin embargo, en el interín, la mujer realizó 66 transferencias, compró un auto, una heladera, dos televisores, un microondas, una freidora y una mochila de inodoro.

Según publicó La República, el gobierno puntano logró congelar la cuenta y luego ordenó una serie de allanamientos y el secuestro de bienes de todos los implicados. Tras ello, la Justicia ordenó la imputación de la mujer y cinco allegados suyos identificados como Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil por defraudación al Estado, retención indebida y otros delitos.

A pesar de la equivocación, se logró recuperar más del 90% del dinero transferido. Es que parte de ese dinero devuelto voluntariamente, mientras que otras cuentas lograron ser bloqueadas. De acuerdo a lo informado por el medio local, toda la transacción fue digital, por lo que el restante es rastreado por las autoridades en billeteras virtuales secuestradas.

Según expresó la fiscal Daniela Torres, a cargo de la causa, se trató de una “maniobra delictual”, que tuvo como objetivo vaciar la cuenta en beneficio propio. Por su parte, la jueza Subrogante del Juzgado de Garantía Nº 3, Antonela Panero, resolvió que tanto Acosta como sus cinco familiares deberán pagar $30 millones en el lapso de tres días hábiles y en concepto de fianza para evitar su detención.

A raíz de ello, la defensa apeló la imputación y el monto establecido a modo de caución, el cual calificó de “exorbitante e imposible de cumplir”.

“Son personas humildes, sin antecedentes, con domicilio, que nunca actuaron de mala fe. No se trata de una red de estafadores. Fue un error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes”, alegó, al medio local, la defensa a cargo del abogado Hernán Echevarría.

El relato de la mujer

Bajo una línea similar, se expresó días atrás la protagonista del hecho, Verónica Acosta, al relatar ante la prensa local lo sucedido. “Yo estaba esperando una transferencia de $8000 del padre de mi nene. Bueno, me encuentro con este dinero y con tanta necesidad me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios”, expresó la mujer.

“En el primer momento, no pude entender la cifra. Llegó la plata y para mí eran 500.000 pesos y después me di cuenta de que eran millones”, explicó.

Ante la pregunta del periodista sobre qué hizo cuando se dio cuenta de que eran millones de pesos, dijo: “Compré cosas que ya se han devuelto y también repartí en la familia. Fui dos veces al supermercado, compré electrodomésticos y después volví a ir”. Acto seguido, Acosta enumeró los productos que adquirió: “Una heladera, dos televisores (uno para ella y otro para la cuñada), una freidora, un microondas, cosas de la casa. Compré cerámicos, una mochila de inodoro y un auto”.

Tras ello la mujer insistió con que no sabía que se trataba de dinero proveniente de las arcas del Estado provincial. “Lo usé para necesidades urgentes”, concluyó al respecto.