Tres directivos de Plus Ultra enfrentan medidas cautelares impuestas por el juzgado de instrucción número 13 de Madrid, como resultado de la causa judicial que investiga el uso de fondos estatales concedidos a la aerolínea durante la crisis sanitaria. Estas restricciones incluyen la entrega de sus pasaportes, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y la prohibición de salir de España. Según reportó el medio original, el proceso judicial se inició tras una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que puso bajo escrutinio la gestión de 53 millones de euros otorgados por el Gobierno a la compañía aérea en el contexto de la emergencia provocada por la pandemia.
Durante una rueda de prensa en Bruselas posterior a una reunión de líderes europeos, el presidente Pedro Sánchez se refirió a la investigación y defendió la actuación del Ejecutivo en el rescate financiero de Plus Ultra. Tal como publicó el medio, Sánchez afirmó que todas las ayudas canalizadas a las aerolíneas afectadas por la crisis sanitaria respetaron la legislación vigente y fueron sometidas a fiscalización por parte de los órganos de control, entre ellos el Tribunal de Cuentas. El mandatario puntualizó que los fondos asignados a las compañías no constituyeron subvenciones ni rescates a fondo perdido, sino préstamos sujetos a devolución según lo previsto en los instrumentos crediticios establecidos por el Gobierno.
El avance de la investigación, bajo secreto de sumario en el juzgado número 15 de Madrid, contempla la posibilidad de delitos relacionados con blanqueo de capitales y operaciones con activos de origen venezolano. Según consignó el medio mencionado, las pesquisas buscan esclarecer tanto la legalidad de la utilización de los fondos públicos como el posible desvío de capital hacia operaciones internacionales, incluyendo movimientos de oro supuestamente procedente de Venezuela.
Sánchez rechazó la hipótesis de injerencias políticas o personales en la concesión de los préstamos, según recogieron las declaraciones difundidas por el medio. El presidente aseguró que la administración actuó con criterios técnicos y administrativos, descartando cualquier tipo de favoritismo o intervención externa. También sostuvo que la adjudicación de ayudas a empresas durante la pandemia se realizó siguiendo exigencias estrictas de transparencia, documentación y control, bajo la vigilancia de organismos fiscalizadores que supervisan el uso de recursos estatales.
Consultado por supuestos vínculos con José Luis Rodríguez Zapatero relacionados con el caso Plus Ultra, Sánchez manifestó que no ha hablado sobre este asunto con el expresidente, según detalló el medio informativo. El presidente reiteró la independencia de las decisiones administrativas respecto de cualquier influencia externa o política.
El medio informó que, aunque bajo secreto de sumario, la investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción ha ampliado su enfoque. Las autoridades indagan tanto la ruta de los 53 millones de euros concedidos como la eventual comisión de operaciones ilegales fuera de España, en particular el posible blanqueo de fondos públicos y metales preciosos ligados a activos venezolanos.
En relación con las tensiones internas en el Gobierno debido a denuncias recientes que involucran al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por acoso sexual y posibles actos de corrupción, el medio recogió preguntas dirigidas a Sánchez sobre la gestión de la crisis dentro del Ejecutivo. El presidente afirmó que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no incurrió en deslealtad al plantear la necesidad de abordar una posible crisis política e indicó que ha mantenido encuentros con ella para tratar las preocupaciones existentes y analizar la situación.
De acuerdo con la información original, la Fiscalía Anticorrupción dirige varias líneas de investigación que incluyen el seguimiento de los recursos transferidos y la identificación de posibles ilícitos vinculados con la gestión internacional de fondos públicos y oro venezolano. Las condiciones impuestas a los directivos de Plus Ultra se mantienen, al igual que el análisis judicial sobre el cumplimiento de los requisitos legales en la adjudicación de ayudas a empresas en dificultades durante la pandemia.
En declaraciones sucesivas recogidas por el medio, el Gobierno, y en particular Pedro Sánchez, han remarcado la legalidad de todos los procedimientos realizados durante la adjudicación de ayudas, desvinculando categóricamente las gestiones de cualquier práctica que se aleje del marco normativo y recalcando el carácter reembolsable de los préstamos. Las investigaciones permanecen activas, sin novedades públicas debido al secreto de sumario vigente, mientras la Fiscalía Anticorrupción prosigue el rastreo internacional de los fondos y recursos administrados por la aerolínea y sus responsables.
