Un juzgado de Bucaramanga impuso una multimillonaria sanción al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y a otros funcionarios, por no atender una contingencia crítica que pone en riesgo la vida de niños y familias en la región de Mogotes.
La medida judicial responde a la falta de reemplazo de una tarabita artesanal sobre el río Chicamocha, utilizada por estudiantes y habitantes de la zona para desplazarse hacia el municipio de Molagavita.
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Multa y sanción por desacato
El documento oficial del juzgado señala que los sancionados incluyen a Juvenal Díaz, Gobernador del departamento; Jhon Jairo González, director del Invías; Carlos Carrillo, director de la UNGRD; y Jesica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander, así como los alcaldes de Molagavita y Mogotes.
Según la resolución, cada funcionario deberá pagar treinta (30) salarios mínimos legales vigentes, o, de no hacerlo, cumplir tres meses de arresto. Además, el tribunal ordenó compulsar copias de la actuación a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes.
La medida se adoptó tras una acción popular interpuesta por Marco Antonio Velásquez, quien denunció que los niños del municipio de Mogotes arriesgan su vida diariamente al utilizar un sistema de transporte precario y peligroso.
La tarabita: un riesgo constante
La tarabita es un antiguo sistema artesanal en el que una canastilla se desliza por un cable para cruzar ríos o precipicios. En la vereda Palmas de Felisco, es el único medio de transporte disponible desde que hace seis años se cayó un puente.
Como explicó un habitante entrevistado por Caracol Noticias: “Es una cuerdita muy, muy pequeñita, el río es muy cabaloso. Por misericordia del señor que no ha llegado la gente aquí, porque ustedes verán cómo van a pasar…”
La comunidad usa esta tarabita para ir a clases, trabajar o vender productos, pero las condiciones de la estructura son peligrosas debido a la falta de mantenimiento y supervisión oficial.
Promesas incumplidas y accidentes recientes
Varias voces de la comunidad denunciaron incumplimientos históricos al medio mencionado: “Que hace más de tres años nos prometieron un puente acá en esta vereda y solo han llegado meras visitas, no han cumplido nada”, señaló un residente.
En 2019, tras reportarse el peligro, se instauró una acción popular para garantizar el traslado seguro de seis estudiantes que deben ir de Mogotes a Molagavita. Sin embargo, solo tres de ellos reciben clases en un aula provisional de Mogotes, con un docente asignado.
A pesar de ordenar un mantenimiento provisional de la tarabita, este año ocurrieron dos accidentes leves que afortunadamente no resultaron en víctimas fatales. El nuevo fallo judicial de 2024 había ordenado la construcción de un puente seguro, pero la solución integral aún no se ha materializado.
Obstáculos económicos y gubernamentales
La Secretaría de Infraestructura de Santander ha explicado que no cuentan con los recursos suficientes para una obra definitiva. Estudios y diseños estiman un costo de trece mil millones de pesos, una cifra que supera la capacidad actual del departamento.
Por su parte, los funcionarios sancionados enfrentan ahora la obligación legal de cumplir la resolución del tribunal, que prioriza la seguridad de los niños y de toda la comunidad. La medida busca además generar responsabilidad en las autoridades y evitar que situaciones similares pongan en riesgo vidas humanas.
Una comunidad que sigue en riesgo
Mientras tanto, los habitantes continúan exponiendo sus vidas diariamente para cumplir con sus actividades cotidianas, desplazándose a través de un río caudaloso por un medio improvisado y peligroso. Las voces de los residentes dejan claro que, sin un puente seguro, la vulnerabilidad de niños y adultos sigue siendo crítica.
Como lo resumió un veedor local: “La gente sigue cruzando el río Chicamocha con la tarabita porque no hay alternativa. Mientras tanto, las autoridades siguen sin brindar una solución definitiva.”
La sanción del juzgado busca no solo castigar el incumplimiento, sino también presionar a las autoridades para que tomen medidas efectivas y garantizar la seguridad de la comunidad en Mogotes y Molagavita.
