Anteayer inició sus sesiones la convención constituyente de Santa Fe, convocada por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, para reformar la Constitución provincial vigente.
Hasta hoy, Santa Fe es la única provincia que comparte con Mendoza el límite republicano representado por la prohibición de la reelección inmediata del gobernador, una sabia cláusula que el mandatario santafesino pretende ahora eliminar.
El proyecto de reforma constitucional disfraza la remoción de esa cláusula antirreeleccionista con limitaciones a las reelecciones de los legisladores provinciales también a dos períodos. No es comparable, sin embargo, el poder de un gobernador con el de un legislador; por eso, aunque resulte sano evitar que algunos se eternicen en las bancas, el límite que impide gobiernos con una concepción patrimonialista del poder pasa justamente por impedir la reelección inmediata del jefe del Estado provincial, al igual que por una cláusula contra el nepotismo, como tiene la propia Constitución mendocina, y que impone la misma limitación para los familiares cercanos del gobernador.
Sobran ejemplos de esta nefasta tendencia al nepotismo. En estos días, en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés impuso a su hermano como candidato a sucederlo, igual que lo ha hecho en su momento Gerardo Zamora con su esposa, Claudia Ledesma Abdala, en Santiago del Estero, o como en el emblemático caso de Catamarca, con las familias Saadi y Castillo, entre otros funestos ejemplos.
El reeleccionismo fue abolido en la Constitución nacional de 1853 para terminar con gobiernos que duraban casi tanto como la vida de sus titulares, como fueron los de Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero, Estanislao López en Santa Fe o Nazario Benavídez en San Juan.
Con el pretexto de incorporar nuevos derechos o el acceso a las tecnologías digitales en Santa Fe –como si esto dependiera de un artículo constitucional–, se pretende disimular el verdadero propósito de la reforma, asociado a las ansias de perdurabilidad en el poder de los gobernantes.
Más allá de que puedan resultar valorables algunas intenciones del proyecto reformista, como la inclusión de la obligatoriedad de la ficha limpia, para que los condenados por corrupción no puedan ocupar cargos públicos, es preciso señalar que no es necesario reformar la Constitución provincial para avanzar en esa iniciativa. Del mismo modo, es inoportuna e innecesaria esta aventura reformista para incluir cuestiones básicas como el derecho al agua y a la cultura. Mucho menos para incluir el derecho a la seguridad pública, como si el Estado no tuviera ya hoy la obligación de garantizarla.
Como ya hemos señalado desde esta columna editorial, debe lamentarse que los impulsores de esta reforma copien la demagógica y estéril concepción del kirchnerismo según la cual detrás de cada necesidad hay un derecho, aunque para quienes gobernaron el país durante 16 años, detrás de cada uno de esos derechos solo existía la posibilidad de un negociado.
Iniciada la convención reformadora de Santa Fe, y tras la decisión de sus miembros de que cada reforma pueda ser aprobada por la mitad más uno de sus 69 miembros, y no por una mayoría especial, cabe esperar que al menos los convencionales no caigan en la tentación de no considerar al actual mandato del gobernador Pullaro como el primero de dos consecutivos, permitiéndole así la posibilidad de postularse para el mismo cargo en 2027 y en 2031.
Sería hora de que nuestra dirigencia política aprendiese de los errores históricos y volviera a valorizar los principios que nos legaron los padres fundadores de la República. Las ambiciones políticas desmedidas y la prevalencia de mezquinos intereses particulares sobre el bien común explican el éxodo de votantes en las elecciones de convencionales del 13 de abril, en las que apenas concurrió a sufragar la mitad de los ciudadanos en condiciones de hacerlo.
