Manila, 17 may (EFE).- La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, afirmó este sábado que está lista para «un baño de sangre» en su juicio político ante el Senado tras ser acusada de corrupción, un proceso que podría concluir con su destitución e impedirle presentarse como candidata a la presidencia en 2028.
«Las preparaciones para el proceso de destitución ya están en plena marcha, y por supuesto los abogados no quieren un juicio», explicó Duterte a los medios de comunicación, «pero ya se lo he dicho, yo realmente quiero un juicio porque de verdad espero un baño de sangre».
Enfrentada abiertamente con el presidente, Ferdinand Marcos Jr., Duterte señaló además que no tiene expectativas sobre si será condenada o declarada inocente: «simplemente aceptaré cualquiera que sea el resultado».
Las declaraciones llegan el mismo día en que la Comisión Electoral de Filipinas (COMELEC) proclamó a los nuevos doce miembros del influyente Senado, tras las elecciones a mitad de mandato celebradas el pasado lunes.
Los ganadores decidirán el futuro de Sara Duterte en un juicio político, previsto para el próximo julio, después de que la Cámara de Representantes filipina aprobara el pasado 5 de febrero un proceso de destitución contra la vicepresidenta.
A Sara Duterte se le acusa de haber utilizado de forma indebida 254 millones de pesos (unos 4,3 millones de dólares) procedentes de fondos confidenciales del Departamento de Educación del que era titular hasta que dimitió el pasado junio.
Entre las acusaciones figuran también sus polémicas declaraciones del pasado noviembre, cuando afirmó haber dado órdenes de matar a Marcos Jr. si ella misma era asesinada.
Marcos Jr. y Duterte se presentaron de forma conjunta a las elecciones presidenciales de 2022, pero su exitosa alianza comenzó a fracturarse poco después de los comicios. La detención en Filipinas el pasado marzo del expresidente y padre de la vicepresidenta, Rodrigo Duterte, profundizó el conflicto entre ambos bandos.
El exmandatario fue acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes contra la humanidad por su sangrienta guerra contra las drogas, que dejó más de 6.000 muertos según la Policía y 30.000 según ONG locales, y permanece detenido en La Haya a la espera de que arranque su juicio en septiembre.
Los seguidores de Rodrigo Duterte calificaron su detención de un secuestro ilegal, y el arresto dominó buena parte de la campaña electoral para las elecciones a mitad de mandato que se celebraron el pasado lunes, y en las que estaban en juego 12 de los 24 escaños del influyente Senado.
El resultado electoral fue interpretado como un revés para Marcos Jr., cuyos candidatos a la cámara alta del Congreso se hicieron con menos puestos de los previstos inicialmente. EFE
