El expresidente de Francia fue condenado a cinco años de prisión por un esquema de financiamiento electoral con ayuda del gobierno del dictador libio Muamar el Gadafi.
Un tribunal de París declaró el jueves a Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, culpable de conspiración criminal para financiar su campaña de 2007 con fondos del gobierno del antiguo líder autoritario libio, el coronel Muamar el Gadafi.
El tribunal condenó a Sarkozy, político conservador que dirigió Francia de 2007 a 2012, a cinco años de prisión, y dictaminó que el encarcelamiento se ejecutaría en las próximas semanas independientemente de una apelación, una sentencia dura y sin precedentes en la historia moderna de Francia para un expresidente.
«Si insisten en que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la cabeza en alto», dijo Sarkozy con gesto serio a los periodistas en el tribunal, flanqueado por sus abogados y su esposa.
Sarkozy, que negó repetidamente haber cometido delito alguno durante los tres meses que duró el juicio, calificó la sentencia de «escándalo» y dijo que la impugnaría.
«Aquellos que me odian tanto creen que me están humillando», dijo. Pero, añadió, «a quienes han humillado es a Francia y a su imagen».
La sentencia, que provocó exclamaciones de asombro en algunos de los presentes en el juzgado, fue quizá el golpe más severo y más dañino para el legado de Sarkozy.
No era su primera condena, ni siquiera su primera pena de prisión: desde que dejó el cargo, ya ha sido declarado culpable de corrupción, tráfico de influencias violaciones en el financiamiento de campañas en casos distintos. También ha sido despojado de la más alta distinción de Francia, la Legión de Honor.
Aun así, hasta ahora había permanecido en libertad mediante apelaciones y otros medios, y aunque ya no ocupa ningún cargo público, es una figura respetada en la derecha que conserva cierta influencia política.
Sin embargo, de pronto, el jueves por primera vez se materializó la probabilidad de que Sarkozy, que ahora tiene 70 años, pasara algún tiempo en prisión, si no es que los cinco años completos, un desenlace humillante para alguien que llegó al poder en parte gracias a la imagen de político duro y combatiente del crimen.
Desde 1945, solo otro exjefe de Estado francés había sido declarado culpable por un tribunal: Jacques Chirac, quien fue condenado en 2011 por malversación de fondos públicos cuando era alcalde de París.
Pero ningún expresidente ha pasado nunca una temporada entre rejas.
Los fiscales habían acusado a Sarkozy de ser una figura central en un «pacto fáustico de corrupción» con funcionarios libios para canalizar dinero a su campaña de 2007 mediante transferencias bancarias y en efectivo, cuentas en paraísos fiscales y transacciones ficticias.
A cambio, dijeron los fiscales, Libia buscaba acuerdos económicos, reconocimiento diplomático y posiblemente la ayuda de Francia para anular una orden de detención contra Abdullah Senoussi, cuñado del coronel Gadafi, a quien se buscaba por el atentado contra un avión de pasajeros francés en 1989, en el que murieron 171 personas.
Otros siete acusados también fueron declarados culpables, incluidos Claude Guéant y Brice Hortefeux, antiguos colaboradores cercanos de Sarkozy cuando fue ministro del Interior entre 2005 y 2007, y quienes se reunieron con Senoussi en Libia.
En ese momento, señaló el tribunal, el gobierno de Gadafi intentaba deshacerse de su condición de paria, y Sarkozy estaba preparando su candidatura presidencial, aunque aún no contaba con la garantía de recibir el respaldo financiero de su partido.
El tribunal dijo que Sarkozy y sus ayudantes habían conspirado para solicitar fondos –lo que, según la legislación francesa, basta para obtener una condena por conspiración–, pero dijo que no había encontrado pruebas suficientes de que dichos fondos hubieran llegado realmente a las arcas de la campaña.
Nathalie Gavarino, la presidenta del tribunal, dijo al leer la sentencia de 400 páginas que Sarkozy había permitido a altos cargos que trabajaban bajo su autoridad y «actuaban en su nombre» que «obtuvieran o intentaran obtener» financiación de Libia.
Gavarino afirmó que existían pruebas de que fondos libios habían transitado a Francia en 2006, pero que el camino que siguieron fue «opaco» y que el tribunal no había visto ninguna prueba firme de que se hubieran utilizado en la campaña de Sarkozy. El tribunal también declaró que no había pruebas de que se hubiera llegado a un acuerdo directo entre Sarkozy y el coronel Gadafi, quien fue asesinado durante un levantamiento en 2011.
Por ello, Sarkozy fue absuelto de los cargos de financiación ilegal de campaña, encubrimiento de malversación de fondos públicos y corrupción pasiva, que se refiere a recibir dinero o favores.
Pero Gavarino dijo que, no obstante, había pruebas suficientes de que Sarkozy y varios de sus ayudantes habían conspirado para participar en «corrupción al más alto nivel posible», un acto «extremadamente grave» que, dijo, podía «socavar la confianza de los ciudadanos en quienes los representan».
«Estos hechos hacen necesaria la imposición de una pena de prisión», dijo, aunque el tribunal impuso una pena ligeramente inferior a los siete años que habían solicitado los fiscales.
El veredicto puso punto final a un caso extenso que se prolongó por más de una década, lleno de giros y vueltas inesperadas.
Sarkozy había negado rotundamente cualquier pacto de corrupción, argumentando que las acusaciones provenían principalmente de aliados del coronel Gadafi que buscaban venganza. Bajo el liderazgo de Sarkozy, Francia desempeñó un papel destacado en la campaña de ataques aéreos dirigida por la OTAN que finalmente condujo al derrocamiento del coronel el Gadafi y a su muerte a manos de los rebeldes libios.
El equipo jurídico de Sarkozy también señaló que la investigación, que comenzó en 2013, no había encontrado ninguna prueba concluyente de que Libia hubiera enviado millones, como habían afirmado algunos exfuncionarios libios.
No era la primera condena de Sarkozy.
En 2021, fue declarado culpable de intentar obtener información de un juez sobre un caso judicial contra él, sentencia que fue confirmada en apelación. Fue condenado a un año de arresto domiciliario con un brazalete electrónico, que llevó durante varios meses, pero que pudo quitarse este año tras cumplir 70 años. A esa edad, Francia permite a los condenados solicitar la libertad condicional.
También fue condenado en 2021 acusado de financiar ilegalmente su infructuosa campaña de reelección de 2012, que superó ampliamente los límites de gasto establecidos en Francia. Ese caso sigue en proceso de apelación.
Sandra Cossart, directora de Sherpa, un grupo de defensa que lucha contra la corrupción y que fue una de las demandantes en el caso, calificó el jueves el veredicto como severo pero justo. Señaló que Francia había sido históricamente indulgente con los delitos de cuello blanco.
«Es una decisión histórica», dijo Cossart. «Espero que marque el fin de cierta forma de hacer política».
Aurelien Breeden
es reportero del Times en París, desde donde cubre noticias de Francia.
