“Es una gran tristeza y una impotencia enorme que tengo, porque ya no sabemos qué hacer, quién nos cuida y a quién recurrir”, dijo con resignación Federico Peón, un productor ganadero de 53 años que vive en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Este año, en apenas cinco meses, ya sufrió el robo y faena ilegal de 25 animales en dos campos ubicados a la vera de la ruta nacional 3, entre las localidades de Benito Juárez y Chillar.
La seguidilla de hechos comenzó el 1° de febrero pasado, cuando desconocidos ingresaron a uno de sus campos y carnearon tres terneros y dos vacas en el establecimiento 23 de Mayo. Luego, el 14 de ese mismo mes, en “La Josefina”, se llevaron la carne de otros cinco terneros. Después, el 4 de marzo pasado, de nuevo en el mismo campo, fueron siete más. Y el último en 23 de Mayo, hace escasos tres días, fueron ocho animales más faenados.
Según describió a LA NACION, los vacunos carneados eran terneros de entre 200 y 230 kilos ya recriados y también dos vacas, lo que representa una pérdida económica estimada en más de $20 millones.
En total, son dos los campos afectados por la inseguridad rural: “La Josefina”, de su propiedad, donde realiza cría y recría; y el campo “23 de Mayo”, donde trabaja y se desarrolla ciclo completo. Ambos están a apenas 10 kilómetros de distancia entre sí y con un 80% de sus superficies linderas a la ruta.
“Entran de a dos o tres personas de a pie por la noche, cortan los alambres, los carnean dentro del potrero. Los lugares donde faenan están bien pegados a la ruta, caminan unos 100 metros y les pegan un tiro o un palazo a los animales, que de noche se arriman por curiosidad”, detalló Peón.
A pesar de que en “23 de Mayo” hay cinco empleados y en “La Josefina” uno, nunca nadie pudo ver nada. “Siempre atacan de noche y es muy difícil de detectar. Después acarrean la carne hasta la banquina, llaman por teléfono y alguien pasa a cargarla. Dejan la cabeza, las patas y las vísceras esparcidos por el lote y se van. Todo perfectamente organizado”, denunció.
Lo más grave, señaló, es la falta total de respuestas del sistema judicial y policial. “En 12 años tengo más de 40 denuncias hechas. A razón de cuatro por año. Y nunca hubo una solución, nunca encontraron absolutamente nada”, afirmó con enojo. Peón apuntó contra la fiscalía de Azul y la patrulla rural local: “Yo solo tengo acceso a la patrulla rural, que realmente es un desastre, y al secretario de Seguridad de Benito Juárez, que también es lamentable. Todo queda en la nada”.
La sospecha de una red organizada y connivencia institucional no es nueva, pero se profundiza con el paso del tiempo. “Seguramente esa carne se va a parar a carnicerías de los pueblos cercanos. Imaginate que esto pasa desde hace años y nadie hace nada. Hablo por mí, pero hay muchos productores que también están sufriendo lo mismo”, advirtió.
Ante la falta de respuestas, Peón está tomando medidas por su cuenta. En “La Josefina” planea instalar cámaras y un sistema de cerco perimetral con alarma. “Pero el problema de las cámaras es que de noche no tienen alcance. El cerco, como el que se usa en las ciudades, suena si lo tocan o lo cortan. Es lo único que me queda”, contó, aunque no se mostró del todo confiado.
“El productor es el que aporta, el que trabaja y al que le roban. Siempre es el mismo verso: que están actuando, que investigan. Pero se te ríen en la cara. Ya no tengo fundamentos para creerles. Estoy muy cansado”, sentenció.
La historia de Peón es un reflejo de lo que ocurre en muchas zonas rurales del país, donde el abigeato se ha vuelto un delito frecuente y difícil de erradicar. En su caso, el daño no es solo económico, sino emocional. “Es una tema de nunca acabar. Lamentablemente, nunca se llega a ningún lado. Es siempre lo mismo”, concluyó, sin perder la esperanza de que, algún día, alguien escuche.
