La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió hoy dictamen para insistir con la sanción original del proyecto de ley que reglamenta el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia y que incluye la cláusula que obliga al Gobierno a conseguir la aprobación de los decretos en ambas cámaras en un plazo perentorio de 90 días.
La sorpresa de la reunión fue la postura del kirchnerismo, que de manera inesperada dijo que apoyaría el dictamen, pero que lo haría en disidencia parcial porque la versión aprobada por Diputados tiene mayores posibilidades de ser ratificada por el Congreso ante un eventual veto de Javier Milei.
Así lo explicó Florencia López (Unión por la Patria-La Rioja) durante la reunión de comisión. Tras abogar a favor de regular de manera más estricta los DNU para que el Gobierno “deje de gobernar por decreto”, la senadora kirchnerista aseguró que”insistir sin escuchar a la Cámara de Diputados no puede llevar a que sea difícil insistir en el Congreso si el Presidente veta la ley».
La postura del kirchnerismo provocó el malestar de algunos senadores de la bancada peronista de Unión por la Patria y avivó las sospechas de los otros bloques de la oposición acerca de la existencia de un acuerdo subterráneo entre el Gobierno de Javier Milei y la expresidente presa por delitos de corrupción, Cristina Kirchner.
Según pudo saber este diario, la decisión de abrir un proceso de conversaciones con referentes de la Cámara de Diputados antes de llevar el proyecto el recinto surgió de la mesa de conducción de la bancada, que integran José Mayans (Formosa), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), todos con linea directa con San José 1111.
El 9 de octubre pasado, la Cámara baja aprobó el proyecto, pero con una modificación clave. Al no alcanzar la mayoría absoluta de 129 votos que requiere la Constitución para este tipo de iniciativas, fue eliminado el artículo 3 que había aprobado originariamente el Senado.
Esa cláusula era una de las mas duras de la iniciativa ya que establecía que los DNU tendrían vigencia por 90 días. Si en ese plazo el Gobierno no logra conseguir que el decreto sea aprobado en ambas cámaras, el decreto perderá vigencia.
La restitución de ese artículo fue reclamado en el inicio del debate de comisión por el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), quien pidió insistir con el texto que aprobó el Senado el 5 de septiembre pasado.
“Necesitamos insistir con el proyecto que aprobamos en el Senado; los 90 días son necesarios porque sin ese plazo se aprobaron muy pocos DNU”, argumentó Vischi, quien aseguró que “la sanción ficta (de los decretos) es una degradación de la responsabilidad que tenemos como legisladores”.
La postura del radical correntino fue respaldada por la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “El plazo de 90 días es el que han recomendado todos los expertos”, sostuvo.
A pesar de los insistentes pedidos, el kirchnerismo se mantuvo en su postura y decidió firmar en disidencia parcial el dictamen, para permitir que quede habilitado para su tratamiento a partir de la semana próxima, pero luego de que abrir conversaciones para determinar cuál versión -si la aprobada originalmente por el Senado o la modificada por Diputados-, es la más conveniente.
El proyecto modifica la ley 26.122, de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner. Aquella norma estableció un mecanismo controvertido, que la Constitución prohíbe para el tratamiento de las leyes, conocido como sanción ficta. Por este procedimiento, el silencio del Congreso se convierte en una aprobación tácita de los decretos.
Más allá de la cláusula de los 90 días, el proyecto modifica de manera radical lo establecido en la regulación vigente. Así, establece que el rechazo de una cámara también alcanza para dejar sin efecto un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.
Otras tres reformas también parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei.
Una, es la que le impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como el DNU 70/23, que el Gobierno emitió en diciembre de 2023. Si esta iniciativa se convierte en ley, cada DNU deberá versar sobre un tema específico.
La segunda reforma es la habilitación al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero.
La tercera prohíbe de manera explícita emitir un decreto de similares características sobre la misma materia a uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo. Es la misma regla que rige para los proyectos de ley.
