La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que está por presentar una iniciativa de ley que, entre otras cosas, se enfocará en la aplicación del proceso de extinción de dominio, el cual abarca la restitución de propiedades por parte del Gobierno de México cuando un bien inmueble sea obtenido mediante prácticas de corrupción y ligadas a grupos del narcotráfico en el país.
Al respecto, la mandataria mexicana dijo que quien planea esta nueva modificación es la actual consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos:
“Ahora estamos planteando, nada más que se está trabajando la ley, de extinción de dominio, por que es muy difícil que haya extinción de dominio. Incluso en casos de delincuencia organizada”, explicó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
En específico, la titular del Ejecutivo Federal se refirió a la reciente expropiación de tres predios que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, hizo recientemente en la entidad, y donde se incluye uno a nombre de Yolanda Cárdenas, madre de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Alito” Moreno vs. Layda Sansores: el manejo de propiedades y un pleito ya conocido
La reciente expropiación de cuatro predios en Campeche, incluido uno registrado a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del dirigente nacional del PRI. La medida, impulsada por la propia Sansores San Román, busca construir una nueva unidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, especializada en medicina comunitaria y enfermería familiar.
La acción se ampara en una reforma legal aprobada semanas antes, la cual otorga al gobierno estatal mayores facultades para declarar “utilidad pública” y ocupar terrenos privados. Según el Periódico Oficial del Estado, los predios expropiados incluyen el Polígono I del fraccionamiento Miramar (1.45 hectáreas), propiedad de Cárdenas Montero; dos terrenos adicionales en el mismo fraccionamiento, propiedad de Juan José Salazar Ferrer; y un cuarto predio en avenida Resurgimiento, perteneciente a Rafael y Gabriela Castilla Azar.
La administración estatal justificó la expropiación como una medida para ampliar la cobertura educativa, que en el ciclo 2022–2023 fue de apenas 33.5%. “La educación constituye un derecho humano (…) lo cual implica la creación de instituciones educativas que fortalezcan la cobertura y la igualdad de oportunidades”, señala la declaratoria firmada por Sansores.
Sin embargo, la reforma a la Ley de Expropiación ha sido apodada por sectores políticos como “Ley Alito”, al interpretarla como una herramienta dirigida contra Moreno, quien enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito y un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.
Las reacciones no se hicieron esperar. Alejandro Moreno calificó la medida como una “persecución política” y un “atentado contra el patrimonio de los campechanos”. En contraste, el diputado morenista Carlos Ucán defendió la legalidad de la expropiación y afirmó que, “si fuese necesario”, la ley podría aplicarse contra Moreno y sus bienes.
La declaratoria establece que, una vez notificados los propietarios, el gobierno podrá ocupar los terrenos y comenzar las obras tras cubrir la indemnización correspondiente. El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la propiedad privada y el alcance de la figura de “utilidad pública” en Campeche.
