La tensión entre Colombia y Ecuador escaló en los últimos días, tras la decisión del gobierno ecuatoriano de iniciar la deportación masiva de presos extranjeros, comenzando con cientos de ciudadanos colombianos que se encontraban recluidos en cárceles de ese país. En respuesta, el presidente Gustavo Petro emitió el sábado 26 de julio un contundente mensaje en el que cuestiona el proceder del gobierno de Daniel Noboa y llama a recuperar el espíritu integrador de los pueblos andinos.
“Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Sáenz puede acercar y no alejar”, expresó Petro en su cuenta de X, aludiendo al vínculo histórico entre ambas naciones.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El mandatario colombiano, además, apeló a una visión continental al referirse a la antigua Gran Colombia y su posible reconfiguración regional: “El proyecto grancolombiano de Bolívar, que podría tener otro nombre, por ejemplo: Amazonía, es el corazón vital del mundo, y, por tanto, no debe dividirse”.
En un tono más filosófico, pero con fuerte carga política, Petro advirtió que, “si la grancolombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad. Si la Grancolombia se encuentra, se encuentra la humanidad”.
Estas palabras llegan después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificara la medida ecuatoriana como “un gesto inamistoso” y denunciara que se tomó de manera unilateral, sin garantizar condiciones dignas para los connacionales deportados. Algunos de ellos, al llegar al puente de Rumichaca, estaban sin documentación, con hambre y expuestos al frío.
Mientras tanto, el proceso de deportación continúa, con más de 300 colombianos en lista para ser retornados. La Cancillería colombiana evalúa acciones diplomáticas y jurídicas, mientras los gobiernos de ambos países se encuentran en una frágil tensión que podría escalar.
Las tensas relaciones
El viernes 25 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó enérgicamente el procedimiento, calificándolo como un acto unilateral y contrario al Derecho Internacional:
“Colombia, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país, y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos en ese país”.
Al menos 150 reclusos colombianos fueron entregados en el Puente de Rumichaca, en la frontera entre ambos países, en medio de un operativo conjunto entre las autoridades ecuatorianas y sin acuerdos establecidos con el Gobierno colombiano. Esta entrega inmediata fue considerada una “deportación masiva”, figura rechazada por normas internacionales.
Desde Ipiales, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, también expresó su preocupación por la falta de coordinación institucional y el riesgo de vulneraciones. “Se debe fortalecer la comunicación interinstitucional que facilite el desarrollo de estas medidas y así cumplir con los roles correspondientes a cada entidad territorial”, dijo.
Escobar, además, pidió que los “organismos defensores de derechos humanos deben ser garantes de estos procedimientos”, y desplegó personal de la Secretaría de Gobierno departamental para atender la emergencia en frontera.
El sábado 26 de julio, en un intento por asumir el manejo de la situación, la ministra de Relaciones Exteriores encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, se trasladó a la zona de frontera con el objetivo de verificar directamente las condiciones del proceso y brindar acompañamiento institucional.
“Un equipo interinstitucional liderado por la ministra de Relaciones Exteriores (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy se desplaza al Puente de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador, para recibir a los connacionales expulsados por el estado ecuatoriano y para acompañar a los gobiernos territoriales en esta contingencia”, indicó la Cancillería.
La falta de protocolos, las condiciones en las que llegaron los reclusos y la forma en que se ejecutó la decisión han desatado un debate sobre el respeto a los derechos humanos y el alcance de las relaciones diplomáticas en la región. Colombia insiste en que estas acciones deben hacerse con respeto mutuo, bajo lineamientos bilaterales y nunca de forma improvisada.
