El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, no comparecieron a la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputarles los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Ambos están señalados por presuntamente participar en el desvío de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la policía estatal.
La diligencia estaba programada a las 10:00 horas en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Aunque los abogados de Aureoles se presentaron, argumentaron desconocer los motivos de la ausencia de su cliente.
Tampoco acudió Corona Martínez, quien enfrenta las mismas acusaciones relacionadas con el presunto esquema de corrupción que operó durante el gobierno michoacano de 2015 a 2021.
De acuerdo con los registros judiciales, Aureoles fue declarado prófugo desde marzo pasado. Pese a contar con una suspensión que le otorgaba la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad condicional o en prisión domiciliaria, el exmandatario estaba obligado a comparecer para conocer formalmente los cargos. Ante su inasistencia, el juez del caso deberá notificar a los juzgados de amparo sobre el incumplimiento.
Protección judicial en riesgo
En la situación de Corona Martínez, la suspensión de amparo que había obtenido le garantizaba no ser detenido si se presentaba voluntariamente a la audiencia. Sin embargo, al no asistir, quedó en riesgo de perder la protección judicial y de ser considerado prófugo en cuanto lo determine la autoridad que le otorgó el beneficio.
El procedimiento de imputación, promovido por la FGR, forma parte de las investigaciones sobre el presunto desvío millonario de recursos federales asignados a la seguridad pública de Michoacán. El caso se centra en los fondos canalizados para infraestructura policial que no fueron aplicados a su destino original, lo que derivó en acusaciones por peculado y manejo indebido de recursos.
La ausencia de los dos exfuncionarios complica el avance de la causa penal, ya que la audiencia tenía como objetivo formalizar los cargos en su contra y determinar si existían elementos suficientes para vincularlos a proceso. Con este incumplimiento, el juez deberá informar sobre la situación procesal de los señalados y las medidas legales que correspondan.
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