El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto este lunes un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por “posibles prácticas abusivas” en la celebración de estos eventos. La compañía, cuyo nombre no ha trascendido, organiza festivales en diferentes comunidades autónomas, lo que permite la intervención del Gobierno central.
Desde la Dirección General de Consumo han detectado una serie de prácticas cometidas por esta promotora que pueden considerarse abusivas. Según han explicado en un comunicado, la compañía prohíbe de forma expresa y generalizada el acceso a sus festivales con comida y bebida de fuera, mediante un registro de los asistentes. El ministerio indica que se podría haber denegado “el derecho de acceso de forma potencialmente arbitraria”.
La promotora también habría prohibido que los usuarios saliesen y volviesen a acceder al recinto libremente, “obligándoles a abonar una cantidad adicional para evitarlo”. Además, habría establecido un sistema obligatorio de pagos mediante pulseras cashless, pero sin permitir el reembolso de las cantidades no gastadas una vez finalizado el evento, “imponiendo gastos de gestión” para llevar a cabo la devolución, “así como estableciendo un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso”.
Todas estas prácticas podrían incurrir en una infracción del artículo 47.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, según el ministerio. Entre sus múltiples puntos, este artículo prohíbe “la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales”.
Tras la apertura de este expediente sancionador, se abre ahora un periodo máximo de 9 meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del ministerio. De considerarse todas estas práctica como abusivas, podrían ser calificadas como “infracciones muy graves” y acarrear multas de entre 100.001 euros y un millón de euros.
Multas a festivales en España
No es la primera vez que Consumo carga contra los festivales. En 2023, bajo el mando de Alberto Garzón, el ministerio expedientó a una compañía organizadora de eventos por incluir una cláusula obligatoria que prohibía entrar al reciente del festival con comida o bebida del exterior.
El pasado mes de agosto, la OCU denunció a ocho festivales de música al aire libre por sus “malas prácticas”. Todos estos eventos señalados por la organización de consumidores cobraban una comisión de entre dos y tres euros para poder recuperar el saldo de la pulsera cashless, “un medio de pago obligatorio que limita además el derecho de los asistentes a usar el efectivo”, así como el cobro de un recargo por salir y volver a entrar al festival y la prohibición de entrar con alimentos y bebidas de fuera, una práctica considerada abusiva porque “la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria”.
En concreto, la OCU señaló al Degusta Fest (Granada), Icónica Fest (Sevilla), Bella Festival (Marbella), el Boombastic Costa del Sol (Málaga), el FIB (Benicàssim), Movida Sound (Barbate), Dreambeach (Almería) y el Reggaetón Millennial Fest (Alicante).
