La administración de Sabanalarga, municipio del departamento del Atlántico, experimenta una crisis institucional inédita, marcada por el cierre de su Palacio Municipal y la suspensión temporal de su alcalde, dos hechos que afectan el funcionamiento y dejan a la municipalidad dispersa en sedes alternas y sin su máxima autoridad en funciones.
Este panorama deriva tanto de graves deficiencias físicas y sanitarias en la principal sede administrativa como de una investigación fiscal a gran escala que afecta directamente a sus líderes, según lo plasmado en expedientes y decisiones oficiales.
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En la actualidad, ninguna dependencia de la Alcaldía de Sabanalarga opera en su tradicional edificación de la calle 21 No. 18-46.
Desde finales de septiembre, por orden del Ministerio del Trabajo, el recinto permanece clausurado tras verificarse, con apoyo de la Gobernación del Atlántico y la ARL Sura, condiciones que implican “riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad” de los empleados municipales.
El informe detalla excrementos de palomas, murciélagos y roedores; humedad, goteras, instalaciones eléctricas dañadas, baños colapsados, carencia de extintores y de detectores de humo, así como archivos y bodegas en estado inseguro.
Además, el reporte oficial consigna casos concretos de trabajadores afectados en su salud como consecuencia directa de ese entorno.
El proceso que desembocó en el cierre lo iniciaron tres sindicatos: Sinserpalsa, Sintraimtdescol y Sintramusa, los cuales presentaron denuncias formales ante el Ministerio del Trabajo argumentando que el personal laboraba en condiciones insalubres y peligrosas.
Su intervención, reconocida en los documentos estatales, fue decisiva para que la autoridad laboral concluyera que la situación excedía lo transitorio o menor, ordenando el inmediato traslado y la suspensión de la atención al público en el Palacio Municipal hasta que se realizaran obras integrales y la ARL certificara la seguridad del sitio.
Como resultado de esa medida, todas las oficinas municipales debieron reubicarse en dos casas arrendadas y en instalaciones de un colegio, soluciones consideradas en el expediente como meramente provisionales y que no resuelven la falta de infraestructura administrativa adecuada.
