La congresista Elizabeth Medina Hermosilla, miembro del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, ha presentado un proyecto de ley que busca modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley 27181) para ampliar la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). La propuesta incluye la indemnización por lesiones o muertes causadas por sicariato, además de los accidentes de tránsito ya contemplados.
La modificación se centraría en el numeral 30.2 del artículo 30 de la mencionada ley, con el objetivo de garantizar que tanto los ocupantes de los vehículos como los terceros no ocupantes estén protegidos financieramente en casos de ataques de sicarios. Según detalló la congresista, esta medida busca atender a un sector particularmente afectado por la criminalidad, como es el transporte terrestre, donde choferes y pasajeros son víctimas frecuentes de este tipo de violencia, muchas veces vinculada al cobro de cupos.
SOAT y CAT para víctimas de sicariato: proyecto no tiene análisis del impacto económico
El proyecto subraya que no implicará costos adicionales para el Estado, ya que tanto el SOAT como el CAT son seguros privados. Por el contrario, se argumenta que la iniciativa tiene beneficios angulares al proporcionar una red de protección económica para las víctimas y sus familias.
Según el documento, la ampliación de la cobertura permitiría que los beneficiarios de las víctimas de sicariato reciban una indemnización que cubra sus necesidades económicas tras un ataque. En la exposición de motivos, se destaca que el sicariato afecta de manera directa al sector del transporte público.
Solo en lo que va de 2024, se han registrado 1.125 casos de sicariato, dejando un saldo de decenas de muertos y heridos. Además, desde 2015, se han reportado 15 muertes de conductores de transporte público urbano. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad de medidas que protejan a las víctimas y sus familias.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha señalado que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en el país. Durante el primer semestre de 2023, más de 1.500 personas fallecieron y se registraron 28.370 lesionados en siniestros viales. Aunque el proyecto no incluye un análisis económico sobre el impacto que esta ampliación podría tener en el costo de los seguros, se estima que el efecto sería marginal, dado que los casos de sicariato en vehículos representan una proporción significativamente menor en comparación con los accidentes de tránsito.
Modificación de la ley no implicaría costos adicionales al Estado
El documento también aborda el contexto jurídico y social del sicariato en el Perú. Según la jurisprudencia nacional, este delito se define como un homicidio cometido por encargo o a cambio de un pago, y se ha convertido en una práctica recurrente en el país, especialmente en sectores vinculados al crimen organizado. Las víctimas suelen ser personas relacionadas con sindicatos de construcción civil, funcionarios públicos o individuos involucrados en actividades ilícitas. El proyecto resalta la agresividad y frialdad con la que se ejecutan estos crímenes, lo que agrava el impacto en las víctimas y sus familias.
La propuesta legislativa también menciona que la respuesta del Estado frente a la criminalidad organizada se ha centrado principalmente en políticas de prevención y represión, dejando en segundo plano la atención a las víctimas. En este sentido, el proyecto busca otorgar un lugar prioritario a las personas afectadas, promoviendo un enfoque que incluya la reparación y la reintegración social de las víctimas. Además, se subraya la importancia de incorporar la victimología en las estrategias contra el crimen organizado, analizando las modalidades de victimización y las respuestas sociales y jurídicas necesarias para mitigar sus efectos.
Seguridad ciudadana reconocida como derecho humano por Naciones Unidas
En el ámbito internacional, el proyecto cita al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que define la seguridad ciudadana como un proceso integral para garantizar el orden civil democrático y proteger a la población de la violencia. Asimismo, se recuerda que la seguridad es un derecho humano reconocido tanto en la Constitución peruana como en instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el texto, el incumplimiento de estas normativas podría acarrear sanciones internacionales para el Estado peruano.
Finalmente, el proyecto argumenta que la modificación de la Ley 27181 permitiría corregir el abandono que han sufrido las víctimas de sicariato en el diseño de las políticas de lucha contra la criminalidad organizada. Al ampliar la cobertura del SOAT y el CAT, se busca garantizar una protección económica para los operadores y usuarios del transporte terrestre, quienes enfrentan diariamente los riesgos asociados a este tipo de violencia.
