Los socios habituales del PSOE, ERC, Junts, Bildu, Podemos y BNG han apoyado este martes en el Congreso la tramitación de la propuesta socialista para castigar con hasta dos años de cárcel las terapias de conversión.
Así lo han expresado en el debate de la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para castigar con penas de hasta dos años de prisión a quien practique terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad o expresión de género, y a los padres que las consientan.
Si bien, grupos como Sumar ha afeado al PSOE que no se sumase cuando partidos de la izquierda presentaron en febrero en la Cámara Baja su propuesta contra las terapias de conversión. «Una ley mucho más garantista, una ley de protección integral a las víctimas, una ley de garantías de educación y no estuvisteis, compañero, no estuvisteis», ha destacado Tesh Sidi.
En defensa de la iniciativa del PSOE, el diputado socialista Víctor Gutiérrez ha explicado que la proposición «no es solo un castigo a los verdugos», sino también «un mensaje de esperanza a todas esas víctimas silenciosas que aún tienen pesadillas con la camilla de descargas, con la sesión de humillación o con el rezo que prometía curarles mientras les mataba por dentro».
En este sentido, ha denunciado que actualmente sigue habiendo familias y curas que «venden» que la diversidad sexual y de género se puede «extirpar» con sesiones de rezo o con medicamentos. «Queremos que quien aplique, promueva o financie estas prácticas se siente en el banquillo. Queremos que quien arrastre a su hijo o a su hija a una sesión de humillación y trauma responda ante la justicia», ha recalcado.
Asimismo, se ha referido a Vox como «el partido del odio» y ha acusado a los de Santiago Abascal de defender «la libertad del verdugo para torturar a sus víctimas». «Vox quiere retroceder un siglo, pero desde el Partido Socialista les decimos una cosa. Las personas LGTBI jamás vamos a volver al armario, jamás vamos a volver a la camilla del electroshock y, por supuesto, jamás vamos a volver a un campo de concentración, aunque a ustedes les gustaría», ha indicado Gutiérrez.
En cuanto al PP, el diputado socialista ha criticado que la Comunidad de Madrid haya ejecutado «el primer retroceso en materia LGTBI de la democracia». Además, ha reprochado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de «abrir la puerta» a que se puedan practicar terapias de conversión a personas trans.
En el turno de portavoces, Jaime Miguel De los Santos, ha defendido que en la Comunidad de Madrid «lo que se ha hecho es proteger a los menores». «No se ha pasado por buena ninguna realidad que vaya en contra de la libertad individual de cada uno de nosotros y de nosotras», ha añadido.
También ha dicho ‘sí’ a que se proteja a los niños siempre, de todo, «también de quien pretende manosearlos», así como a los derechos «de quienes defienden lo que quieran ser». Si bien, ha trasladado su rechazo «a las mentiras ni del Gobierno».
Igualmente, De los Santos ha recalcado que el PSOE es el «único partido» que llevaban en su programa electoral la abolición de la prostitución. «Y a puteros no les gana nadie. Tito Berni, caso ERE, Ábalos, Koldo y así, un largo y largo etcétera. No quiero recordar para no seguir poniéndoles colorados», ha recordado.
SUMAR AVISA DE QUE «NO TODO LO ARREGLA EL CÓDIGO PENAL»
Tesh Sidi, de Sumar, ha avanzado que cuando la ley socialista entre a debate parlamentario su formación va a presentar enmiendas. «Necesitamos protección, no todo lo arregla el Código Penal», ha expuesto.
Además, ha acusado a comunidades autónomas como la de Madrid o Valencia de «encubrir» prácticas «incriminatorias», prácticas que «denigran» y «atentan contra la dignidad de personas, especialmente personas que confían en su entorno familiar».
Por otro lado, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha dicho que el PSOE pretende con su ley mandar a la cárcel «a personas inocentes condenando, cercenando sus derechos fundamentales». «Y se empeñan en seguir perjudicando a los españoles con estas políticas salvajes que son pura doctrina woke. Ustedes creen que la única verdad es la suya y que deben imponerla a golpe de Código Penal», ha expuesto.
En este sentido, la diputada de Vox se ha referido a las «leyes infames y totalitarias» de los socialistas que «siembran más intolerancia y discriminación en lugar de combatirla».
Mientras, Noemí Santana, de Podemos, ha dicho que esta reforma del Código Penal es «fundamental» pero «completamente insuficiente». En esta línea, ha pedido recursos públicos y ha añadido que hace falta educación afectivo-sexual en las aulas, así como en diversidad en los centros de salud, acompañamiento psicológico «digno» y políticas de vivienda y empleo que estén especialmente dedicadas a personas trans y del colectivo LGTBIQ+.
«NO SE PUEDE CORREGIR LO QUE NO ESTÁ ROTO»
«Y nosotras lo vamos a decir bien claro, no se puede corregir lo que no está roto. No es una terapia, se trata de tortura. No es una ayuda, se trata de violencia», ha subrayado Santana.
Teresa Jordà, de ERC, ha reprochado al PSOE que «aproveche» determinadas fechas como el 8 de marzo, en el caso de la prostitución, o el mes del Orgullo, en este caso, para hacer «grandes anuncios» o para presentar propuestas después caen «en el olvido» y que no se acaban tramitando. «Tanto las terapias de conversión como la prostitución son debates un poco incómodos por el partido del gobierno. En este caso, no por el que yo tengo el honor de representar», ha indicado. Además, se ha comprometido a trabajar en la ley socialista contra las terapias de conversión.
Por su parte, Marije Fullaondo, de EH Bildu, ha recalcado que la comunidad científica coincide en que las «mal llamadas terapias de conversión» son «totalmente inútiles y extremadamente dañinas». «Por la sencilla razón de que la diversidad sexual y de género son expresiones normales dentro de la naturaleza y no una patología o un trastorno susceptible de ser modificado», ha agregado.
Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, ha destacado durante su intervención que «la inclusión de un tipo penal semejante puede ser adecuada». No obstante, ha avisado de que su redacción deberá generar «suficiente seguridad jurídica».
Por BNG, Néstor Rego ha señalado que la tipificación penal de la práctica de las terapias de conversión «permitirá avanzar en la protección de las personas y los derechos, especialmente de aquellas que se encuentran en un contexto de mayor vulnerabilidad».
