El Frente Marítimo – Lista Granate 41 presentó una impugnación formal ante la Junta Electoral Central por presuntas irregularidades en la Seccional Puerto Deseado. Acusan al oficialismo de intentar imponer una lista única y advierten que la batalla será legal.
A pocas semanas de las elecciones internas del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), previstas para los días 1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre, se intensifican las denuncias por parte de sectores opositores al oficialismo, quienes aseguran que se busca excluirlos del proceso electoral mediante maniobras irregulares.
Desde la Agrupación Frente Marítimo – Lista Granate 41, se denunció que el oficialismo pretende imponer una lista única, impidiendo la participación democrática de otras expresiones gremiales. “Esto no es para nada democrático”, señalaron, y confirmaron que sus abogados ya están trabajando en impugnaciones formales ante la Junta Electoral.
Este viernes, al finalizar el proceso de revisión de listas, el apoderado del Frente Marítimo, Roberto Gastón Báez, presentó una impugnación formal contra la oficialización de la Lista 22 Naranja en la Seccional Puerto Deseado, por presuntas irregularidades en la postulación de dos de sus candidatos.
En el escrito, Báez cuestiona las candidaturas de Rodrigo Rogel y Marcelo Raúl Flores, quienes aspiran a ocupar los cargos de secretario y prosecretario de la seccional, respectivamente. Según el texto, ambos no cumplirían con los requisitos estatutarios exigidos por el SOMU, en particular los previstos en los artículos 21 y 24 inciso b del Estatuto Social.
Además, el documento denuncia que los postulantes habrían sido beneficiados con declaraciones juradas de aportes presuntamente irregulares realizadas por la empresa Der Oil S.R.L., lo que podría configurar un caso de trabajo no registrado y evasión impositiva. Las declaraciones habrían sido efectuadas de manera retroactiva, lo que —según el apoderado impugnante— evidenciaría una maniobra con fines electorales.
Desde el Frente Marítimo se solicitó la inhabilitación de los candidatos y se anticipó la presentación de denuncias judiciales y administrativas ante los organismos laborales y tributarios correspondientes.
Fuentes sindicales consultadas señalaron que la Junta Electoral Central deberá analizar la presentación y determinar si corresponde dar curso a la impugnación o ratificar la validez de la Lista 22 Naranja en la competencia electoral.
Mientras tanto, desde la oposición advierten que si no se garantiza la participación democrática, se iniciará un proceso legal que podría derivar en la intervención judicial del sindicato. “La batalla será legal. Se va por todo: o nos dejan participar o no hay elecciones”, afirmaron.
