Ana Milena Varón
Los Ángeles, 29 abr (EFE).- A 100 días del regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, defensores de los inmigrantes denuncian las políticas «autoritarias y xenófobas» impulsadas por el mandatario, que consideran un castigo para los indocumentados y las comunidades que los acogen.
“La demonización y los crueles ataques en contra de las personas inmigrantes juegan un rol central en la escalada autoritaria que la Administración Trump está impulsando.”, advirtió a EFE Oscar Chacón, exdirector y asesor de Alianza Américas, una red que agrupa a 58 organizaciones proinmigrantes.
En concreto las organizaciones de la alianza, que representan a múltiples comunidades de inmigrantes latinoamericanos y caribeños en todo el país, critican que el presidente estadounidense use como «chivo expiatorio» a los inmigrantes para echar adelante su doctrina de «Estados Unidos Primero».
Trump ha firmado más de 142 órdenes ejecutivas desde el pasado 20 de enero cuando asumió el poder, un gran número de ellas relacionadas con su política migratoria.
Ha intentado dejar sin protección legal a millones de inmigrantes, entre ellos más de 500.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que ingresaron a EE.UU. bajo un permiso humanitario otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025), y otros cientos de miles más amparados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que ha desatado una batalla legal, que por el momento ha logrado detenerlo.
También ha buscado arrebatar la ciudadanía estadounidense a los hijos de indocumentados y ha invocado una antigua ley para poder expulsar inmigrantes sin darles oportunidad al debido proceso.
En su afán de deportar indocumentados, varios niños estadounidenses han sido expulsados con sus madres, incluso dos que estaban recibiendo tratamientos contra el cáncer.
Dulce Guzmán, directora de Alianza Américas, dijo que “no podemos ignorar la crisis que se está desatando a expensas de las comunidades migrantes, tanto aquí como en el extranjero”.
La activista subrayó que las políticas de disuasión y los recortes a la ayuda exterior implementados por el mandatario nunca resolverán los problemas migratorios, ya que ignoran las causas fundamentales de la migración como son la pobreza, la violencia, y la inestabilidad política.
En ese sentido, Chacón hace un llamado a oponerse a estas acciones. «Es un deber de toda persona que creen en la importancia de la democracia y los derechos individuales de todas las personas».
Las críticas a Trump no solo se han enfocado en su campaña de deportaciones masivas, la organización Voto Latino advirtió sobre «la creciente agresión» de la administración republicana al derecho al voto.
Trump ha echado mano de la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral en la que inmigrantes no ciudadanos votan para emitir una serie de medidas que transformarían drásticamente la manera como se llevan a cabo las elecciones en el país.
El presidente pidió a la Comisión de Asistencia Electoral exija en su formulario de registro de votantes una prueba documental de que se tiene la ciudadanía estadounidense. La medida fue bloqueada temporalmente por un juez la semana pasada.
María Teresa Kumar, directora de Voto Latino, señaló que en estos 100 días, el mandatario ha buscado activamente socavar el derecho al voto, “sembrando desconfianza en nuestro proceso electoral e impulsando políticas que dificultan el voto de los estadounidenses, especialmente de las comunidades de color”, entre ellas ciudadanos naturalizados.
Por su parte, el congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, advirtió sobre un proyecto de ley similar a la orden ejecutiva de Trump, que se analiza en el Legislativo.
«Con el plan republicano de supresión del voto, todos perdemos. Estaríamos permanentemente atados a la incompetencia y la intolerancia en el Gobierno que la administración Trump ha demostrado en sus primeros 100 días”, opinó el legislador.
Abel Nuñez, director dentro de Recursos Centroamericanos (Carecen) en Washington, la crisis que se enfrenta no solo refleja las acciones del poder ejecutivo, sino también «el silencio de los miembros del Congreso», quienes habrían descuidado sus deberes y «son cómplices o no hacen nada para combatir estas peligrosas acciones».
«Ahora es el momento de no solo rechazar el statu quo, sino proponer soluciones reales para nuestro futuro», agregó el activista.
Las organizaciones también se han quejado de que las políticas arancelarias, el desmantelamiento y reducción de presupuesto y personal en departamentos y agencias del gobierno afectarán de sobremanera a los inmigrantes, tengan estatus legal o no. EFE
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