MENDOZA.- “Un servicio público de exigencia en el Estado”, bajo esa premisa el gobernador radical Alfredo Cornejo avanza en la Legislatura provincial con una reforma del estatuto del empleado estatal, que ya despierta controversias y reclamos de los gremios y la oposición.
También, tensiona el vínculo con la Justicia provincial, por los fallos “desfavorables” al gobierno en materia laboral.
De ahí, el ataque del mandatario a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, de extracción justicialista.
Es un puntapié inicial y una forma de adelantarse a lo que podría ocurrir, después de los comicios de octubre, con el plan de cambios estructurales que propone Javier Milei en el Congreso, más enfocado en el sector privado.
Bajo este escenario, en la tierra cuyana, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que modifica de manera parcial el Estatuto del Decreto Ley 560/73 y del Escalafón Ley 5.126, el cual está centralizado en puntos clave que generan avales pero también resistencia, sobre todo sindical.
En primer lugar, se plantea la incorporación de la figura de “planta interina”, que implica “estabilidad impropia”, similar a la dispuesta en la Ley de Contrato de Trabajo.
Cornejo busca que no queden en planta permanente aquellos empleados que no hayan atravesado por un concurso público. “Se puede echar a un empleado que no sea de planta con justificación o sin ello, indemnizando en el último caso“, explicó Cornejo.
La normativa también señala: “Se definen los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia -los agentes permanentes efectivos- y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación”.
Asimismo, quedan sin efecto los derechos de “acceso hereditario” a cargos públicos y se actualizan disposiciones de indemnización, estableciendo un plazo máximo de 30 días para su pago.
En tanto, el estatuto “será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público”. Por su parte, en cuanto a la antigüedad “solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas”.
La reacción gremial no se hizo esperar, mientras el proyecto ya pasó al Senado, que en modo trámite, por tener mayoría oficialista, lo convertiría en ley la próxima semana. “El gobernador va a recortar las condiciones laborales contempladas en los diferentes convenios colectivos. Es la desaparición del Estado, para darle paso a la privatización de los sectores estatales de trabajo”, expresó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, al frente de las movilizaciones que vienen sucediéndose en los últimos días en la puerta de la Legislatura.
Desde la oposición consideran que el proyecto representa “un maltrato simbólico e institucional al empleado público”.
En tanto, también aparecen rispideces de consideración cuando se pone el foco en el Poder Judicial. Fue el propio gobernador quien alzó la voz contra dos magistrados del máximo tribunal, Mario Adaro y Omar Palermo, vinculados al sector garantista y peronista de la Justicia mendocina. “Son jueces pro vagos”, soltó Cornejo, elevando la tensión que viene creciendo tras diversos episodios con la Justicia, por diferencias de criterio en materia no sólo laboral sino también de seguridad.
El gobernador afirmó que ambos ministros de la Suprema Corte “fallan siempre en contra de la Provincia” en juicios laborales.
“Estamos sacando esta ley porque estamos cansados de que Palermo y Adaro, jueces de la Sala Segunda, que son provagos y proempleado público, nos saquen todos los juicios en contra. Nos estamos blindando, con una ley para que haya un servicio público de exigencia en el Estado“, disparó el mandatario provincial, asegurando que pretende “premiar a aquel que haga bien su trabajo”, lo que redundará, dijo, en mejores sueldos de los empleados públicos.
Desde el Poder Judicial, salieron a responderle al mandatario local. En diálogo con LA NACION, el ministro Adaro, expuso su posición y cruzó al jefe del Estado mendocino. “Está nervioso el gobernador. Es normal las tensiones entre el Ejecutivo y la Justicia, el único tema que en este caso ya está siendo reiterado y personalizado, por lo que ya me empieza a preocupar”, expresó el juez, asegurando que hay una importante cantidad de sentencias que no son favorables al empleado público, aunque aclaró, en cuanto a la necesidad de estabilidad, que hay varios casos de trabajadores que llevan más de 10 años en el Estado como contratados, lo que evidencia un “exceso en el uso de la locación de servicio”, un problema atravesado por los cambios de color político en las sucesivas gestiones de gobierno.
“Cuando ya es tan reiterado el ataque deja de ser normal, entendiendo además que estamos en el marco de una campaña electoral; pero, primero está la independencia y segundo responder conforme a derecho», cerró el cortesano, quien años atrás tuvo participación en la función pública, como ministro de Gobierno del ex mandatario justicialista Celso Jaque.
