CÓRDOBA.- “Confiamos en que, bajo su liderazgo, la Argentina continuará siendo un defensor de los derechos humanos y de la unidad familiar. Por favor, ayúdenos a encontrar una solución y a permitir que mi papá nos visite, aquí en los Estados Unidos, sin restricciones”.
El pedido, a través de una carta, se lo hizo Emma Escalada al presidente Javier Milei hace un año. Tiene 14 años y una hermana, Sofía, de 15. Desde 2017 no ven a su padre, Sebastián Escalada, porque permanecen en los Estados Unidos, retenidas por su madre. La Justicia argentina, aquel año, le había otorgado a la mujer un permiso de viaje provisorio por 90 días, al cabo de los cuales debía retornar al país.
La carta de la adolescente tuvo esta respuesta el 11 de julio del año pasado: “Me dirijo a usted con referencia a la solicitud de audiencia que formulara al señor Presidente de la Nación. Al respecto, le informo que la misma no podrá llevarse a cabo por motivos de agenda del Primer Mandatario. No obstante ello, y de acuerdo al tenor de su pedido, el mismo ha sido derivado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Secretaría Privada) […], organismo al cual deberá dirigirse en lo sucesivo para solicitar información».
El 12 del 2024 el padre había tenido ya una respuesta oficial de Cancillería, en la que, entre otros aspectos, se señalaba que “existen mecanismos internacionales que podrían ser invocados directamente por el interesado sin necesidad de apelar al establecimiento de una controversia interestatal”.
En contacto con LA NACION Escalada afirma que sus hijas “fueron traicionadas por dos gobiernos, el de la Argentina y el de los Estados Unidos”. Sostiene que “se toleró –y se sigue tolerando– una discriminación estructural por omisión». Agregó: “La madre pudo conservar pleno contacto físico y afectivo con ellas, mientras que a mí, su papá, se me negó toda presencia real, anulando el principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué un padre debe ser reducido a una videollamada mientras la madre sí accede al contacto diario? Esa desigualdad es violencia”.
Dos semanas atrás, el fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, reconoció que Escalada y sus hijas sufren una “lesión flagrante” a su derecho a la vida familiar y al contacto directo y regular y “exhortó al Estado argentino –en especial, al Ministerio de Relaciones Exteriores– a tomar medidas concretas y eficaces para remover los obstáculos que impiden el contacto“.
Escalada -quien le envió otra carta al Presidente la semana pasada- relata que conoció a su exesposa, Sarah Gross, en 2009 en Ann Arbor (Michigan), donde él era residente legal desde 1998. Al año siguiente nació Sofía y en 2001, Emma. En el 2012 se casaron.
Según describe, en 2015 el gobierno de los Estados Unidos intentó separarlo de sus hijas como consecuencia de una violación migratoria de carácter administrativo. «Cancelaron mi residencia y me dieron 90 días para dejar su territorio a pesar de estar casado con una norteamericana y tener dos hijas nacidas allí. Por eso nos mudamos a San Carlos de Bariloche, para proteger la unidad familiar atacada por las injerencias arbitrarias del Servicio de Migración”, sostuvo Escalada.
En 2016 el matrimonio se separó y acordó una custodia compartida de las hijas. En 2017 la madre pidió llevarlas a los Estados Unidos para que vieran a su abuelo, que cursaba una enfermedad terminal. En su solicitud expuso que pedía el permiso de salida del país “hasta el momento del inicio del ciclo lectivo”. Escalada señala que no dio la autorización porque temía -por el tenor de discusiones previas entre ambos- que no regresaran. El trámite, entonces, se extendió en el tiempo y solo se resolvió a finales de agosto de ese año.
La jueza de Río Negro, Marcela Pájaro, otorgó el permiso por 90 días y “sin permiso de cambio de radicación”. Sarah Gross, Emma y Sofía volaron a los Estados Unidos. El 3 de diciembre de 2017 murió el padre de la mujer, que, en consecuencia, pidió una extensión del permiso de salida por otros 90 días. Para ese momento ya se encontraba trabajando y las niñas habían sido inscriptas en una escuela en Texas.
Pero la Justicia, esta vez, le denegó el pedido. Se le recordó a Sarah Gross que ella misma había manifestado “su intención de retornar antes del inicio de las clases o antes, en caso de que su padre feneciera con anterioridad a marzo de 2018″, según reza en el expediente. El permiso se vencía el 10 de diciembre de 2017 y las niñas ya estaban inscriptas (y con matrícula paga) en el colegio Jean Piaget, de Bariloche.
El 11 de enero de 2018 el juez de familia Cristian Tau Anzoátegui consideró que, dado que Escalada no tenía “ningún impedimento de contacto con las niñas” y que, producto del incumplimiento de la madre, “se ha visto privado de compartir con Emma y Sofía las fiestas de fin de año y vacaciones” ordenó la restitución de las menores a la Argentina. Le dio un plazo perentorio de 15 días corridos. Ya van 2742.
“El derecho de custodia, amparado por el artículo 1.b del Convenio de La Haya, fue anulado sin piedad, nada menos que por el propio Estado argentino, que permitió su salida del país con un permiso judicial entregado a ciegas, ignorando advertencias concretas de secuestro. El mismo Estado que debía protegerlas fue el que las expuso”, enfatiza el padre.
También apunta que se están “pisoteando los artículos 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” al separar a las chicas de su padre “de forma forzada, alejarlas de su entorno, de su historia, de su raíz, como si su vínculo fuera descartable, como si el amor paterno no valiera nada”.
Y suma que, además, “se violó el principio del interés superior del niño” establecido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que “obliga a pensar primero en la estabilidad, el desarrollo y el arraigo emocional de los menores». Sostuvo: “Aquí lo ignoraron con total frialdad, olvidando que esas niñas no son botines diplomáticos ni piezas de un ajedrez político”.
Desde entonces, Escalada -quien debió mudarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acompañar a su madre de 85 años, enferma de cáncer- no ha cesado de realizar presentaciones ante la Justicia argentina y ante Cancillería, que, afirmó, “se desentendió de toda defensa diplomática, dejando a esta familia abandonada en la intemperie, sin auxilio, sin protección, sin amparo, negando la asistencia mínima que corresponde a cualquier argentino cuya integridad familiar ha sido vulnerada en el exterior”.
Últimos pedidos
En abril último, Mariano La Rosa, a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales, en representación de las menores, envió una nota al juez federal Santiago Carrillo, pidiéndole que las escuche y que hable con ellas en una videollamada. No lo hizo y la decisión fue apelada, con lo que el expediente ahora está en la Cámara Nacional de Apelaciones.
A comienzos de este mes, Emma y Sofía enviaron una carta a los relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiéndoles “ayuda urgente” para reencontrarse con su padre.
Cuentan que solo tuvieron “videollamadas, a veces”, pero que “no es lo mismo”. Aseveraron: “Es muy triste crecer sintiendo que nuestro papá está lejos y que no podemos compartir cosas con él. Sabemos que como niñas tenemos derechos y también como mujeres merecemos que nos protejan. Nosotras también queremos que se respete nuestra voz”.
El texto fue acompañado de una foto de las chicas con un cartel que sostienen y que dice “Help us see our dad” (“ayúdennos a ver a nuestro papá”). Es el mismo que le enviaron al presidente Milei. En la misiva añadieron: “Queremos poder visitarlo, abrazarlo, reírnos con él, sentir que tenemos una familia completa. Nos parece muy injusto que nadie haya hecho nada para ayudarnos todos estos años”.
Escalada indica que no habla con su esposa desde hace cinco años y que a sus hijas -según le cuentan ellas- les responde, ante sus reclamos, que “esta es la vida que les tocó”. Sin avances por todas las vías legales hasta el momento, la expectativa de los tres es que las adolescentes cumplan la mayoría de edad y puedan viajar.
“La cantidad de madres y padres injustamente separados de sus hijos me parece una de las mayores tragedias silenciosas de nuestro tiempo. Hay muchos separados de sus hijos por conflictos de pareja, fallas judiciales, pobreza, migración forzada, violencia o incluso decisiones estatales arbitrarias; son muchos más de lo que la sociedad suele reconocer. Es una herida social profunda. El impacto es devastador. Para los hijos, la separación injusta genera traumas de apego, angustia, trastornos de salud mental, desconfianza hacia el mundo adulto. Para los padres o madres, genera sufrimiento, desesperación y en muchos casos lleva al colapso personal”, sintetiza Escalada.
