No es solo la falta de empleo lo que golpea con más fuerza a los migrantes en Colombia. La realidad es que, aunque muchos logran trabajar, una mayoría lo hace en condiciones precarias, lejos de cualquier tipo de estabilidad o protección laboral.
Así lo advirtió la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en su informe del mercado laboral. El crecimiento del empleo durante el primer trimestre de 2025 (4,3%) está marcado por una constante, más del 70% de los nuevos puestos surgieron en el sector informal. Solo en marzo, ese tipo de ocupación aportó 4,2 puntos porcentuales al aumento del total de personas con trabajo. Es decir, sí hay más empleo, pero no necesariamente de mejor calidad.
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Y en medio de ese panorama general, la situación de la población migrante destaca por su complejidad. Aunque el desempleo nacional se ubicó en 9,6% en marzo, la tasa entre migrantes fue mayor, llegó al 10 %, ubicándose 0,7 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, lo que evidencia una brecha persistente y difícil de cerrar.
De los más de un millón de desempleados en el país, aproximadamente 109.000 son migrantes, lo que equivale al 4% del total. La mayoría proviene de Venezuela (93,2%), pero también hay presencia de ecuatorianos (1,6%) y cubanos (0,9%), quienes enfrentan múltiples obstáculos para vincularse al mercado laboral formal.
“Estos resultados indican que, si bien el empleo en el país está aumentando, este no está acompañado de mejores condiciones laborales”, señaló Anif, señalando que los avances en generación de empleo no se traducen en mejoras estructurales ni en inclusión social.
Uno de los principales problemas, según el informe, es que muchos migrantes carecen de la documentación requerida para contratar legalmente, lo que limita sus opciones a trabajos informales, muchas veces mal remunerados y sin afiliación a seguridad social. Además, desconocen los canales oficiales para buscar empleo y no cuentan con redes de apoyo institucional que faciliten su inserción.
Esto, advierte el centro de estudios, “no solo agrava su vulnerabilidad socioeconómica, sino que también representa un reto para el país en términos de eficiencia del mercado laboral”. A largo plazo, la informalidad se traduce en un menor recaudo, baja productividad y una sobrecarga para el sistema de protección social.
El informe de Anif insiste en que es urgente estudiar a fondo la oferta laboral de la población migrante, tanto para dimensionar su aporte potencial como para orientar políticas públicas más inclusivas. “La formación de capital humano y el fortalecimiento de la capacidad productiva del país también dependen de la integración efectiva de estos trabajadores”, advierte el documento.
Las perspectivas para el resto de 2025 y para 2026 no son desalentadoras, pero tampoco prometen cambios estructurales inmediatos. Anif proyecta que la tasa de desempleo se mantendrá en torno al 9,7% durante ambos años. Esta leve mejoría estaría impulsada por un mayor dinamismo económico, aunque se prevé que este avance sea moderado y no necesariamente inclusivo.
“Es bien conocido que un mejor dinamismo de la actividad económica tiende a generar más empleo; al aumentar los ingresos, contribuye a reducir la pobreza, porque facilita que los trabajadores tengan acceso a bienes y servicios de calidad”, señaló el informe como una de sus conclusiones principales.
Sin embargo, ese crecimiento no puede sostenerse si una parte significativa de la población, como los migrantes, sigue al margen de los derechos laborales básicos y enfrentando barreras estructurales que dificultan su integración plena al mercado formal. Para muchos, el problema no es conseguir trabajo, sino encontrar uno digno, estable, seguro y con garantías mínimas de bienestar.
