El número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año (51.897) aumentó un 2,69% en relación con el mismo periodo de 2024, según datos publicados este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, el Observatorio señala en el ‘Informe trimestral sobre violencia de género’ que el número de mujeres que denunciaron como víctimas (47.710) creció un 3,41% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron un total de 46.135.
En este sentido, añade que dos de cada tres víctimas (el 61,66%) tienen nacionalidad española, mientras que el 38,34% restante proceden de otros países. El número de víctimas menores e hijos bajo la tutela, guarda o custodia de la mujer víctima fue de 105, un 25% menos que el registrado en el mismo trimestre de 2024, durante el que se contabilizaron 141 menores.
Respecto a las denuncias, dos de cada tres casos (36.747, el 70,81%) fueron presentadas por la propia víctima en el juzgado o en comisaría. Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (994). Si bien, el observatorio matiza que el dato supone un leve aumento con respecto al segundo trimestre de 2024, donde alcanzaron el 1,91% del total de las presentadas.
También apunta que, entre marzo y junio de 2025, aumentaron «levemente» las denuncias derivadas directamente de atestados policiales (8.865), que representaron el 17,08% del total. Las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 3.705 (7,14%), mientras que las presentadas por terceros sumaron 1.586 y representaron el 3,06% del total.
Igualmente, revela que la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,7 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2024 al situarse la media nacional en 19,2 frente a la media 18,5 de hace un año.
Por encima de la media nacional se situaron Canarias, con una ratio de 33,7 víctimas cada 10.000 mujeres; Baleares, 27,6; Comunidad Valenciana, con 24; Murcia, con 23,6; Navarra, con 23,5 y Andalucía, con 21,8. Madrid tuvo una media equivalente a la nacional (19,2) y por debajo de esa tasa se situaron Aragón, con 17,3; Cantabria, con 16; País Vasco y Cataluña, con 15,3; Castilla-La Mancha, con 14,9; Asturias, con 14,6; Extremadura, con 14,1; La Rioja, con 13,9; Galicia, con 13,3 y Castilla y León, con 11,9.
12 DE CADA 100 VÍCTIMAS RENUNCIARON A DECLARAR
Por otro lado, el número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 5.549, lo que supone que tomaron esta decisión casi 12 de cada 100 víctimas de violencia de género. De ellas, 3.007 (el 54,18%) eran españolas y 2.542 (el 45,81%) tenían otras nacionalidades.
En cuanto a los datos relativos a las órdenes de protección, el Observatorio indica que «apenas mostraron diferencia con los del segundo trimestre de 2024». Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.661 órdenes de protección, un 0,10% menos que hace un año. De ellas, 10.588 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.073 por los juzgados en funciones de guardia.
Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.571, un 0,20% menos que hace un año, lo que significa que se concedieron siete de cada diez (el 67,7%). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 7.028, el 66,4% de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.543, el 74% de las solicitudes registradas.
En el 43,4% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Un total de 6 de cada 10 mujeres (6.479, el 61,2%) que pidieron protección eran españolas y 80, el 0,7% del total contando españolas y extranjeras, eran menores de edad. El dato de menores víctimas que solicitaron una orden de protección al órgano judicial fue inferior al registrado en el segundo trimestre de 2024, periodo en el que fueron 248 mujeres menores víctimas.
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 15.322 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las de prohibición de comunicación (6.067) y las órdenes de alejamiento (6.031), que representaron el 69,17% y el 68,54% sobre el total de órdenes de protección y de medidas cautelares penales adoptadas, respectivamente.
Asimismo, dictaron 5.054 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.596) y con la atribución de la vivienda (1.076). Entre marzo y junio también se acordaron 1.016 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas; 655 consistentes en la suspensión de la guardia y custodia; 42 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y 123 medidas de suspensión de la patria potestad.
EL 82,58% DE LAS SENTENCIAS FUERON CONDENATORIAS
El número de sentencias dictadas fue de 16.206, un 4,45% menos que en el segundo trimestre de 2024. De ellas, 13.383 (el 82,58%) fueron condenatorias y 2.823 (el 17,42%), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 93,31%. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 82,96% de los casos y los Juzgados de lo Penal, en el 72,39%.
Por juzgados, los de violencia sobre la mujer celebraron entre abril y junio de este año un total de 2.037 juicios sobre delitos leves. De ellos, 1.025 fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados, un 28% fueron injurias y un 37%, vejaciones injustas.
Estos órganos judiciales ingresaron a lo largo del primer trimestre del año 68.852 asuntos penales, en los que, salvo cuando se producen denuncias cruzadas, la víctima siempre es una mujer y el hecho delictivo ha sido cometido en el ámbito de la pareja o expareja. El 66% de los delitos instruidos, según la precalificación inicial de los hechos denunciados, fueron los de lesiones y malos tratos.
Mientras, el número de demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista –en su mayoría divorcios no consensuados y medidas relativas a la guarda y custodia o alimento de hijos e hijas– ascendieron a 6.673.
Por su parte, los Juzgados de lo Penal recibieron 9.021 asuntos en el trimestre analizado y resolvieron 8.562. El número de sentencias dictadas por estos órganos fue de 8.248, de las cuales fueron condenatorias 5.971 (72,39%)
Las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, dictaron 135 sentencias, de las que 112 (82,96%) fueron condenatorias.
Finalmente, entre abril y junio de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 127 menores de edad (hace un año fueron juzgados por estos órganos 95 menores de edad). Se impusieron medidas en 117 casos, de los que 103 eran relativos a menores españoles. En los otros 10 procedimientos no se impusieron medidas.
La presidenta del Observatorio, Esther Erice, ha lamentado en un video-comunicado las mujeres «fallecidas a causa de la violencia sobre la mujer que se ha ejercido reiteradamente en el mes de octubre». Además, ha expresado sus «condolencias» a los familiares, que ha añadido que son «víctimas también de este sufrimiento que de ninguna manera ha debido suceder».
