El paro de conductores profesionales del transporte urbano, convocado para los días 24 y 25 de julio en Lima y Callao, fue suspendido a raíz de presuntas amenazas, amedrentamientos y represalias por parte de empresas de transporte y funcionarios públicos, según denunció públicamente la Asociación Nacional de Conductores del Perú.
El gremio, a través de un comunicado oficial firmado por su presidente Miguel Palomino Pedraza, expresó sus disculpas a la ciudadanía y a los usuarios del servicio público, al tiempo que lamentó no poder llevar a cabo la medida de protesta, cuyo objetivo principal era exigir mejores condiciones laborales, denunciar la violencia que enfrentan a diario los choferes y pedir justicia por los asesinatos que han enlutado al sector.
Amenazas, despidos y miedo
En diálogo con Infobae Perú, Palomino explicó que la cancelación del paro fue motivada por un contexto de intimidación y presiones. “Anoche recibimos información muy riesgosa, casi amenazante. Nos dijeron: ‘Si no salen a trabajar, los dejarán fuera y habrá represalias’. Ya han suspendido y expulsado a choferes de algunas rutas, y a mí mismo me han prohibido entrar a la empresa donde trabajaba desde el año pasado”, relató.
El dirigente denunció que los transportistas se ven obligados a trabajar bajo coacción, ante la amenaza constante de despidos o sanciones, lo que les impide ejercer su derecho a la protesta.
ATU y empresas en la mira del gremio
Según Palomino, las presiones no provienen únicamente de los empresarios del rubro, sino también de la propia Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). “La ATU y el Ministerio del Interior siempre han intervenido, reuniéndose con las empresas de transporte y amenazándolas con quitarles la hoja de ruta si no operan”, denunció.
Además, cuestionó que el compromiso de invertir 112 millones de soles en medidas de seguridad, como la instalación de cámaras en las unidades, no se ha cumplido, a pesar de haber sido prometido por el Ejecutivo.
Violencia persistente
La protesta se organizó tras el reciente asesinato de Carlos Advíncula Nieto, conductor de la empresa ‘El Rápido’, baleado por un sicario que fingió ser pasajero. Para el gremio, este crimen es parte de una serie de ataques sistemáticos contra choferes, que trabajan sin protección ni respuesta efectiva del Estado.
“Están matando a conductores y a las empresas no les importa nuestra vida ni la seguridad de los usuarios. Exigimos justicia, pero el Estado no hace nada para detener la ola de asesinatos. Trabajamos con miedo y sin apoyo”, reclamó Palomino en declaraciones a este medio.
Añadió que el temor a ser identificados, fotografiados o sancionados por participar en las protestas también influyó en la decisión de suspender la medida.
Aclaración sobre próximas movilizaciones
El presidente del gremio aclaró que la Asociación Nacional de Conductores del Perú no participará oficialmente en el paro nacional programado para el 27 y 28 de julio, impulsado por otros colectivos. “Como personas, algunos conductores podrían sumarse como ciudadanos, pero no comprometemos a nuestro gremio a dejar de trabajar. Nuestra prioridad era proteger nuestras vidas tras las recientes muertes de conductores”, indicó.
También aclaró que un comunicado previo fue difundido erróneamente bajo el nombre de otra organización, lo cual generó confusión sobre su participación en futuras movilizaciones.
Más allá del paro suspendido, el gremio denunció problemas estructurales profundos. “No tenemos seguridad social, derechos laborales ni jubilación. El Estado y las empresas no se interesan en formalizar el empleo de los conductores. Luchamos por una mejor calidad de vida, pero el sistema nos abusa. Si no alzamos la voz, nadie conocerá nuestra realidad”, enfatizó Palomino.
Violencia contra transportistas y reclamos no atendidos
El gremio expresó que el objetivo del paro era exigir condiciones laborales dignas, seguridad frente a las amenazas del crimen organizado, y demandar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Reafirmaron que su lucha “no ha terminado” y que seguirán exigiendo una reforma “justa, transparente y participativa” del transporte público.
El reciente asesinato de Carlos Advíncula Nieto, conductor de la empresa de transporte ‘El Rápido’, perpetrado por un sicario que se hizo pasar por pasajero, encendió las alarmas sobre la inseguridad que enfrentan los transportistas. Según los gremios, casos como este no son aislados, sino parte de una problemática estructural que pone en riesgo diario a miles de trabajadores del sector.
ATU descarta afectaciones al servicio de transporte
Pese al anuncio del paro, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó este jueves que el servicio público se desarrolló con total normalidad. El vocero Fredy Céspedes aseguró que “no hay ninguna ruta que haya dejado de operar” y que los reportes iniciales confirman la continuidad del servicio en Lima y Callao.
