Según la información que difundió el canal Noticias RCN, la suspensión provisional contra los funcionarios de alto rango en Colombia no admite apelación alguna, ya que así lo indicó la Procuraduría en la decisión firmada por el procurador general, Gregorio Eljach. El caso involucra al general del Ejército Juan Miguel Huertas y al agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía, quienes quedaron apartados de sus cargos desde el jueves, tras ser señalados por presuntos vínculos con las disidencias armadas asociadas a Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’. Según detalló el medio, tanto la suspensión como la investigación buscan impedir cualquier intento de obstaculización por parte de los implicados.
De acuerdo con lo reportado por Noticias RCN, esta medida provisional, que inicialmente se extenderá por tres meses con la posibilidad de prórroga, se implementó en respuesta a las alertas surgidas por el análisis de computadoras incautadas durante un operativo del Ejército en julio de 2024. Las autoridades encontraron armas, dinero y registros digitales que apuntan a una posible colaboración logística entre Huertas, Mejía y miembros de la estructura de ‘Calarcá’. Noticias RCN consignó que, tras el decomiso, varias personas fueron detenidas, incluido el propio líder guerrillero, aunque posteriormente quedaron en libertad dado que la Fiscalía los reconoció como “gestores de paz”.
Una de las principales hipótesis de la investigación, según la emisora Caracol Radio, sugiere que Huertas y Mejía habrían planteado la creación de una empresa de seguridad falsa. Esta empresa supuestamente serviría como canal para que el grupo armado pudiera eludir controles oficiales, desplazar armamento y facilitar la movilidad de combatientes, incluso de aquellos que contaban con órdenes de captura vigentes. Además, las pesquisas apuntan a la presunta filtración de datos confidenciales por parte de Mejía que beneficiarían al grupo ilegal comandado por ‘Calarcá’.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó públicamente que el gobierno se acoge a la determinación de la Procuraduría. “Cumplimos y acatamos todos los fallos, la Constitución y la ley. Rechazamos y evitaremos cualquier acto ilegal dentro de las instituciones”, declaró Sánchez ante la prensa, según destacó Noticias RCN. Tanto su despacho como la Procuraduría enfatizaron la necesidad de preservar la integridad de la investigación, motivo por el cual la separación temporal del general Huertas y el agente Mejía resulta indispensable.
Las revelaciones sobre presuntas conversaciones, a las que accedieron entes de control a través de los dispositivos incautados, también incluyeron implicaciones de nivel político. De acuerdo con los documentos revisados por las autoridades, habría intercambios relacionados con la supuesta participación de la vicepresidenta Francia Márquez como intermediaria en el financiamiento de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) liderada por ‘Iván Mordisco’. Además, se plantea que existen referencias a la campaña presidencial de Gustavo Petro, conectando de manera indirecta a varios funcionarios con actividades de apoyo a grupos al margen de la ley.
Noticias RCN detalló que la investigación sigue abierta y se apoya principalmente en el análisis minucioso del contenido de los ordenadores, así como en las declaraciones obtenidas en los operativos del pasado julio. Caracol Radio añadió que la Fiscalía y otras autoridades judiciales buscan esclarecer el flujo de recursos, los mecanismos de apoyo estratégico y la eventual complicidad de funcionarios públicos con organizaciones armadas. La suspensión de Huertas y Mejía, según la Procuraduría, constituye una medida para garantizar la imparcialidad y el avance exitoso de la indagatoria sin interferencias institucionales.
El origen del caso remonta a los operativos de julio de 2024, cuando efectivos del Ejército decomisaron armas, dinero y dispositivos electrónicos durante un control a una célula comandada por Alexander Mendoza. Tras las detenciones iniciales y la decisión de la Fiscalía de considerarles gestores de paz, el seguimiento a las pruebas halladas permitió identificar comunicaciones que sugieren una red de apoyo facilitada mediante la creación de empresas pantalla y el acceso a información de Estado.
Las fuentes oficiales resaltaron ante Noticias RCN y Caracol Radio que la suspensión provisional de los funcionarios no significa un prejuzgamiento, sino una medida cautelar indispensable dada la gravedad de las acusaciones. El proceso continuará su curso en la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, a fin de esclarecer la supuesta colaboración con las disidencias y determinar posibles responsabilidades penales y disciplinarias.
