Luego de que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) difundiera un comunicado interno dirigido a sus bases en el que manifestó su preocupación por posibles cláusulas “gravosas” en los contratos del programa Sembrá Evolución, desde el sector semillero aclararon los alcances del sistema y destacaron que se trata de acuerdos voluntarios entre privados, que brindan previsibilidad y acceso a tecnología. También coincidieron en que, como en cualquier decisión comercial, es fundamental que los productores cuenten con asesoramiento técnico y jurídico antes de firmar.
Según pudo saber LA NACION, tras la difusión del documento, desde el sector se pusieron en contacto con CRA para ponerse a disposición y recorrer “punto por punto” las dudas planteadas por la entidad, “en un marco de diálogo”.
Vale recordar que Sembrá Evolución es un programa impulsado por el sector semillero argentino, cuyo objetivo es garantizar a los productores el acceso a las últimas tecnologías en genética y biotecnología para los cultivos de soja y trigo, a través de un sistema de licencias privadas. En la campaña 2023/24, el programa superó los 11.000 productores adheridos, con una superficie sembrada de más de dos millones de hectáreas, y busca alcanzar los cuatro millones en el corto plazo. Participan 15 empresas semilleras, más de 110 variedades y 700 comercios en todo el país.
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En el comunicado distribuido por CRA se expresó “suma preocupación” por una “creciente suscripción de contratos” bajo el sistema de Sembrá Evolución. Señalaron una serie de puntos que, según su análisis, podrían afectar negativamente a los productores si no cuentan con asesoramiento adecuado.
Entre las principales advertencias, CRA mencionó el pago doble del aporte genético, límites estrictos de producción —3000 kg/ha para soja y 4000 kg/ha para trigo— con cargos adicionales por excedentes, auditorías sin aviso previo, multas del 400% del valor de la semilla por incumplimientos y la renovación automática de la licencia con cada resiembra, lo que, según la entidad, “compromete al productor de forma indefinida”. También cuestiona el tratamiento de los datos personales, que —indicaron— pueden ser compartidos con terceros.
Desde CRA instaron a los productores a no firmar ningún contrato sin asesoramiento jurídico, leer con atención cada cláusula, y evaluar con especial cuidado todo lo referido a aportes, inspecciones, penalidades y cesión de datos.
En diálogo con LA NACION, Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), explicó que el comunicado de CRA debe leerse en el marco de una comunicación interna a sus bases: “Entiendo que se trata de un mensaje hacia adentro, dirigido a los productores. Nosotros coincidimos en que lo importante es que, como en cualquier decisión comercial, los productores cuenten con el asesoramiento adecuado”.
Sobre los contratos del programa, agregó: “Nuestra mirada es que este sistema permitió que los productores y la competitividad argentina accedieran a nuevas tecnologías, primero en soja y, próximamente, también en trigo. Se trata de acuerdos entre partes que otorgan previsibilidad”.
Consultado sobre las cláusulas cuestionadas, como multas o límites de producción, señaló: “En cualquier actividad comercial, un contrato es una herramienta que aporta claridad y reglas de juego. Una póliza de seguro, un contrato de alquiler o una compraventa también imponen condiciones. Y cada parte firma según su voluntad”.
Sobre las supuestas “multas desproporcionadas” mencionadas por CRA, respondió: “En el sector privado no existe poder de policía. Por lo tanto, no puede haber multas en ese sentido. Sí puede haber condiciones por incumplimiento, como ocurre en cualquier contrato comercial. Pero hablar de multas automáticas puede llevar a confusión”.
“Nosotros siempre sugerimos que los productores se asesoren: con abogados en lo legal y con ingenieros en lo técnico. Como sector, estamos abiertos al diálogo con nuestros clientes, los productores. Esa siempre fue nuestra forma de trabajar”, concluyó.
