Escaló la incertidumbre sobre el impacto del ajuste que el gobierno de Javier Milei impulsa en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Por estas horas se viven momentos de tensión luego de que Ariel Pereda, director nacional del INTA y funcionario de carrera, cruzara al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que había sembrado dudas sobre la operación del organismo. Ayer, en tanto, un trabajador publicó una carta abierta respaldada por más de 270 adherentes donde criticaba también a Sturzenegger.
Las declaraciones de Sturzenegger sobre la funcionalidad del organismo se dieron durante una entrevista en LN+. Puntualmente afirmó que el INTA “gasta la mitad de las retenciones del maíz”, que tiene “6000 personas, 3000 vehículos” y que su funcionamiento actual requiere una “reformulación integral para ordenarlo”. También puso en duda el aporte del instituto al sector agropecuario preguntando irónicamente: “¿Qué hace el INTA?”
En ese contexto, Pereda dijo que las palabras del ministro de Desregulación “son mentiras”. El director nacional explicó con datos el proceso de ajuste interno que ya atraviesa la institución. “Sin dar más vueltas, la realidad es que el INTA hace ya un año y medio viene reduciendo su planta de personal. Hoy tenemos una dotación de 1000 personas menos. Respecto a los vehículos, es importante que la gente sepa que son una herramienta de trabajo”. El director también aclaró que los vehículos son indispensables para llegar a las zonas rurales más apartadas del país.
Desde que asumió Javier Milei, el Gobierno ha puesto la lupa en el INTA. Por caso, en un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), Sturzenegger dijo que “el INTA gasta $400.000 millones”, y que “no se sabe muy bien qué es lo que hacen”. En una parte del sector productivo, estas frases generaron malestar, ya que el organismo descentralizado, que goza de autarquía operativa y financiera, cuenta con autonomía para gestionar sus recursos y definir políticas internas.
En este contexto, con un plan de ajuste del Gobierno para achicarlo y restarle competencias al sector privado, para desarticular el modelo de gobernanza que rige desde hace décadas, se busca reducir la cantidad de integrantes en la mesa del Consejo Directivo, que hoy totalizan 10 entre representantes del sector público y el sector agropecuario. Buscarían reducir lugares que tienen las facultades actualmente: uno de las facultades de Agronomía de las universidades nacionales y otro correspondiente a las facultades de Ciencias Veterinarias. En tanto, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) dejaría libre su lugar, ya que le ofrecieron una silla del Gobierno, pero no aceptó. Si bien no está confirmado, distintas versiones apuntan a que esta silla la podría ocupar la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
El plan, además, que en el Gobierno llaman de “transformación”, pretende reducir la planta de 6100 a 4500 trabajadores, utilizando mecanismos como los “pases de disponibilidad”. Hace meses se abrió un retiro voluntario de personal.
Pereda, por su parte, recordó que el proceso de ajuste interno ya se viene atravesando en la institución. “Sin dar más vueltas, la realidad es que el INTA hace ya un año y medio viene reduciendo su planta de personal. Hoy tenemos una dotación de 1000 personas menos. Respecto a los vehículos, es importante que la gente sepa que son una herramienta de trabajo”, especificó. El director también aclaró que los vehículos son indispensables para llegar a las zonas rurales más apartadas del país.
“La gobernanza del INTA está en riesgo. Además del achique y la motosierra, lo que se pone en juego es una institucionalidad que garantiza la continuidad de políticas a largo plazo”, dijo Pereda, y aseguró que la planta de personal del organismo se ha mantenido estable en los últimos 20 años, con mínimas variaciones. “De hecho, no ha tenido crecimientos en personal desorbitantes ni mucho menos”, remarcó.
Frente a las críticas del ministro, también surgieron otras voces del INTA. Héctor Ferrario, trabajador del área de articulación institucional de la Dirección Nacional Asistente de Extensión Rural y Transferencia Tecnológica, publicó una carta abierta firmada junto a más de 270 empleados. Allí defendió la trayectoria y la relevancia de los 6300 trabajadores del instituto, destacando su rol en la innovación tecnológica, la extensión rural y el desarrollo de pequeños y medianos productores.
Ferrario recordó que el INTA cuenta con un Plan Estratégico Institucional 2015-2030, del cual se derivan planes de mediano plazo que se ajustan a los cambios del contexto. “Actualmente, se está evaluando el anterior y se elabora el correspondiente a este quinquenio. Todo este proceso se concreta en una cartera de programas y proyectos”, explicó. Subrayó también que la estructura federal del instituto comprende 350 nodos distribuidos en todo el país, incluyendo centros regionales, estaciones experimentales y agencias de extensión rural.
El INTA se financia principalmente a través de la asignación del 0,45% del valor CIF de las importaciones que abonan tributos aduaneros y de la aplicación del 31,30% del producido de la tasa de estadística. También recibe fondos públicos a través del presupuesto nacional y busca generar ingresos a través de proyectos y actividades de valorización tecnológica. Ese Fondo de Valorización Tecnológica genera aproximadamente 434 millones de pesos, mientras que el presupuesto por partidas es de 228.000 millones de pesos.
Entre líneas de desarrollo del INTA, entre algunos puntos, Ferrario enumeró el silobolsa, en INTA Manfredi, utilizado en todo el país y exportado a varios países del Cono Sur y la vacuna oleosa contra la fiebre aftosa, innovación fundamental en el control sanitario y desarrollo ganadero. También tecnologías para cosecha mecánica como la cañera, la cosechadora de algodón, y la máquina pasteurizadora y ensachetadora de leche para pequeños productores. Remates de ganado para pequeños productores iniciados en Corrientes, con referencia de precios y mejora de ingresos. Cursos de formación técnica, como el de profesional tambero en Santa Fe o el de maquinaria vitivinícola en Cuyo. El proyecto Tomate 2000 en Cuyo: cadena integrada entre productores, tecnología e industria, triplicando los rendimientos.