La familia del pescador colombiano Alejandro Carranza presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su presunta muerte en un ataque de Estados Unidos a una embarcación en aguas del Caribe, en lo que constituye la primera acción formal contra este tipo de operaciones militares.
La petición fue elevada por el abogado estadounidense especialista en derechos humanos Dan Kovalik en representación de la esposa e hijos de Carranza. La presentación sostiene que el hombre murió el 15 de septiembre tras el “impacto directo del operativo estadounidense” y pide que se investiguen las responsabilidades, que se brinden reparaciones y que la práctica sea revisada, según informó CNN.
El escrito indica que EE.UU. llevó adelante una «ejecución extrajudicial» en violación de normas internacionales y atribuye responsabilidad directa al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien acusa de ordenar bombardeos contra embarcaciones de pequeño porte en la región. El documento también afirma que esas decisiones fueron posteriormente “ratificadas” por el presidente Donald Trump, según la descripción recogida por el mencionado medio.
La denuncia se enmarca en una serie de ataques que Washington viene desplegando desde principios de septiembre contra embarcaciones que, según sus evaluaciones, operan en el transporte de drogas por el Mar Caribe. De acuerdo con los datos citados por CNN, esas operaciones suman al menos 22 acciones militares con un saldo aproximado de 83 muertos en el Caribe y el Pacífico.
La Casa Blanca sostiene que esas intervenciones “se ajustan al Derecho de los Conflictos Armados”, bajo el argumento de que los ocupantes de las embarcaciones formarían parte de organizaciones criminales transnacionales que participan de un conflicto armado con Estados Unidos. Las autoridades de Washington sostienen que esas estructuras representan una amenaza directa para la seguridad nacional y afirman que los ataques buscan impedir el traslado de cargamentos ilegales hacia su territorio.
El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó recientemente que el pescador no tenía vínculos con redes de narcotráfico. Según la reconstrucción presentada por el mandatario, Carranza desarrollaba su actividad habitual como pescador de profundidad y su embarcación había emitido una señal de socorro debido a un desperfecto en el motor. Posteriormente admitió que el hombre pudo haber aceptado dinero para transportar mercancías prohibidas por su situación económica, pero afirmó que ninguna circunstancia podía justificar una muerte en esas condiciones. Esa posición derivó en un pedido para que se conformara una comisión especial de abogados colombianos orientada a evaluar lo que el presidente describió como delitos cometidos en el Caribe.
Según la normativa del sistema interamericano, cuando una petición es admitida, la CIDH puede solicitar al Estado involucrado la adopción de medidas para evitar la repetición de hechos semejantes, avanzar en procesos de investigación y reparar daños a las víctimas.
En sus declaraciones al medio estadounidense, Kovalik dijo que la petición que presentó en nombre de la familia de Carranza es la primera denuncia formal realizada por estos ataques de Estados Unidos pero que espera que se presenten muchos más.
