La decisión de la Administración Distrital de Bogotá de reubicar a la comunidad embera en la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac), ubicada en el barrio Montevideo —cerca al Terminal de Transporte El Salitre— generó una fuerte ola de inconformismo entre los residentes de Ciudad Salitre Occidental y sectores aledaños.
La comunidad del sector, liderada por la Asociación de Propietarios de Salitre (Asosalitre), manifestó su rechazo a esta medida, alegando que fue tomada de manera arbitraria, sin previa socialización ni comunicación con los habitantes de la zona. Según denuncian, la reubicación podría agravar problemáticas que desde hace años afectan el entorno, como inseguridad, deterioro del espacio público, asentamientos informales, explotación de población vulnerable y mendicidad, incluyendo la utilización de menores de edad.
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En un comunicado emitido por Asosalitre, se detalla que, junto a otras organizaciones comunitarias y entidades del sector, se venía trabajando desde hace más de un año en estrategias de contención y recuperación del espacio público en las áreas perimetrales del Terminal. Para la comunidad, la llegada de la población embera a este punto representaría un retroceso en dichos avances y una sobrecarga para un entorno que ya enfrenta múltiples desafíos sociales y de seguridad.
“Entendemos que se trata de una situación de carácter social y humanitario, pero reubicar a la comunidad embera en esta zona no ofrece soluciones reales ni sostenibles para ellos, y sí representa un riesgo para las más de 18.000 familias que viven en este sector”, aseguró Christian Quiñónez, habitante del barrio y uno de los voceros ciudadanos en charla con Infobae Colombia.
Habitantes convocaron marchas
La indignación ciudadana movilizó a residentes de barrios como Montevideo y Ciudad Salitre, que ya recolectan firmas en una petición que supera las 18.000 rúbricas. A esto se suma una convocatoria para una jornada de visita y protesta pacífica en el predio del Idpac, programada para el lunes 7 de julio a las 6:30 p. m., partiendo del mismo punto.
“El fallo del tribunal exige que se reubique a la comunidad embera en condiciones dignas, pero en ninguna parte se señala que debe ser precisamente en esta sede. Bogotá tiene múltiples espacios institucionales que podrían cumplir con esa orden sin afectar directamente a una comunidad ya saturada de problemáticas”, argumentó Quiñónez a este medio.
Varios concejales, entre ellos Daniel Briceño y Julián Espinoza, se solidarizaron con la preocupación de los vecinos, señalando que es indispensable buscar alternativas de reubicación que no generen más tensiones sociales. De hecho, el mismo sindicato del Idpac se manifestó en contra de la medida, debido a que la implementación del plan implicaría también el desplazamiento de los trabajadores de la entidad de su sitio habitual de labores.
Los habitantes de la zona recuerdan los impactos que tuvo la permanencia prolongada de comunidades indígenas en otros puntos de la ciudad, como el Parque Nacional y el sector de La Rioja. Denunciaron que en estos casos las condiciones de salubridad y convivencia no fueron adecuadas, lo que generó múltiples afectaciones tanto para las comunidades indígenas como para los vecinos de los sectores receptores.
“La solución no puede ser encerrar a una comunidad indígena para proteger a otra. Eso no es ni justo, ni humano, ni legal. La ciudad debe responder con alternativas que integren, no que excluyan ni generen nuevos focos de conflicto”, sostuvo uno de los líderes comunales durante la convocatoria a la jornada de protesta.
Peticiones ciudadanas
La comunidad no rechaza el deber institucional de atender a la población embera, pero insiste en que debe hacerse en un lugar que cuente con condiciones adecuadas para ese fin, tanto en términos de espacio como de impacto en la zona. Proponen que el Distrito estudie otras alternativas, como predios en áreas más despejadas o con infraestructura más apropiada para procesos de acompañamiento social, educativo y sanitario.
Asimismo, solicitan un diálogo abierto, transparente y respetuoso con la ciudadanía, antes de tomar decisiones que puedan alterar la convivencia en un sector que ya ha soportado los impactos del Terminal de Transporte y fenómenos asociados como prostitución, comercio informal y concentración de población flotante.
“Estamos dispuestos a sentarnos con la Alcaldía, pero no vamos a aceptar imposiciones que pongan en riesgo nuestra seguridad y calidad de vida. No estamos en contra de la comunidad embera; estamos en contra de la improvisación”, concluyó Asosalitre en su declaración oficial.
